La situación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía se encuentra colapsado. Un informe elaborado por CCOO revela que cada día fallecen 33 personas sin recibir la atención a la que tenían derecho. En total, más de 60.000 personas permanecen en lista de espera, mientras que los tiempos de gestión de expedientes ya superan los 603 días, duplicando el límite permitido por la ley. Andalucía está a la cabeza en retrasos a la dependencia en toda España.
El SAAD fue concebido como un sistema público de derechos subjetivos destinado a garantizar la atención a las personas en situación de dependencia, promoviendo su autonomía personal. Sin embargo, el informe señala que el sistema ha ido degradándose progresivamente desde su creación. Lo que debía ser una atención de alta calidad gestionada desde el sector público se ha convertido en un modelo más barato y de menor calidad, con una creciente privatización de los servicios.
El sistema ha virado hacia un modelo asistencialista, donde las prestaciones económicas vinculadas han ganado peso, afectando la igualdad en el acceso a los servicios. En lugar de recibir la atención directamente de la administración pública, muchas personas se ven obligadas a optar por prestaciones económicas que no cubren todas las necesidades, generando desigualdades según la capacidad económica de los beneficiarios.
Fallecimientos diarios en lista de espera
Uno de los datos más alarmantes del informe es que, a pesar de los derechos reconocidos, 33 personas fallecen cada día sin haber recibido ninguna prestación. La lista de espera total supera las 60.000 personas, y el tiempo medio para acceder a una prestación efectiva es de 603 días, una cifra que ha crecido notablemente en los últimos años. Además, en Andalucía se ha reducido el número de nuevas solicitudes, una situación única entre las comunidades autónomas. Esto, según el informe, se debe a los obstáculos administrativos que impone la Junta de Andalucía para acceder al sistema. En lugar de facilitar la entrada al SAAD, la administración ha impulsado un acceso digital, lo que ha agravado la brecha digital entre los potenciales beneficiarios, muchos de ellos personas mayores sin los recursos o conocimientos necesarios para realizar trámites online.
El informe denuncia la falta de recursos humanos y tecnológicos para gestionar el sistema. No existe una estructura estable ni suficiente dedicada exclusivamente a la revisión de expedientes y elaboración de Planes Individualizados de Atención (PIA), lo que ha contribuido al colapso en la gestión. El tiempo medio de tramitación de los expedientes supera en más del doble lo permitido por la ley, con una media de 603 días para obtener una prestación efectiva, cifra que sigue creciendo. Además, el sistema no cuenta con las plazas suficientes en residencias y centros de día públicos para cubrir las necesidades. El informe estima que faltan más de 8.700 plazas en Andalucía, una carencia especialmente grave en las zonas rurales, donde la privatización de los servicios y la falta de recursos agravan aún más la situación.
Un sistema que afecta sobre todo a las mujeres
Otro aspecto clave que destaca el informe es que la actual estructura del SAAD perpetúa el rol de las mujeres como cuidadoras, manteniéndolas en la invisibilidad y dificultando su desarrollo profesional. Aunque el sistema fue creado con el objetivo de aliviar la carga que recaía tradicionalmente sobre las mujeres, las prestaciones económicas vinculadas han favorecido un retorno al modelo asistencialista. Esto no solo ha disminuido la calidad del servicio, sino que ha reforzado la idea de que el cuidado de personas dependientes sigue siendo una responsabilidad doméstica.
El colapso del sistema también tiene graves consecuencias para los trabajadores del SAAD, tanto en la administración como en la atención directa. El informe denuncia que estos trabajadores están sometidos a sobrecargas de trabajo, con contratos a tiempo parcial y bajos salarios, especialmente en los servicios externalizados. Las empresas que gestionan estos servicios no cubren adecuadamente las bajas ni las vacaciones, lo que provoca que el personal tenga que asumir más tareas de las que les corresponden, afectando negativamente la calidad de la atención.
Además, el personal enfrenta graves riesgos para su salud. Entre los problemas más comunes se destacan las lesiones musculoesqueléticas y los riesgos psicosociales derivados de la sobrecarga de tareas y las exigencias emocionales que implica el trabajo con personas dependientes. El informe también advierte sobre la falta de planes de prevención de riesgos laborales, lo que pone a los trabajadores en situaciones peligrosas, como la imposibilidad de realizar evaluaciones de riesgos en domicilios particulares.
A pesar de que la financiación estatal del SAAD ha aumentado en los últimos años, este incremento no ha sido acompañado por la Junta de Andalucía, que ha reducido su aporte. Esta falta de compromiso ha afectado gravemente la calidad de los servicios y las condiciones laborales de los trabajadores. Aunque el coste por hora de los servicios de ayuda a domicilio ha aumentado ligeramente, el informe señala que sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del sistema. Además, el copago impuesto a los beneficiarios es un obstáculo importante para muchas personas con ingresos bajos o medios. Un pensionista con grado III de dependencia puede llegar a tener que destinar más del 25% de sus ingresos a cubrir los servicios de dependencia, lo que resulta inasumible para muchas familias.
Propuestas de mejora
El informe de CCOO plantea que, para mejorar la situación del SAAD en Andalucía, es necesario volver a un modelo público en el que los servicios de ayuda a domicilio sean municipalizados y las residencias y centros de día estén gestionados directamente por el sector público. Además, se propone incrementar el número de centros públicos para atender la creciente demanda, y sugiere la transformación de las residencias de tiempo libre en centros residenciales para personas dependientes. Esta medida podría llevarse a cabo en poco tiempo y contribuiría a solucionar la carencia de plazas públicas.
También es imprescindible mejorar la calidad de los servicios externalizados. El informe aboga por incluir en los pliegos de condiciones y en los conciertos sociales el cumplimiento de las condiciones laborales y los convenios colectivos, y que su incumplimiento sea motivo para la extinción del contrato. Asimismo, se propone aumentar el precio público que se paga por los servicios externalizados, con una actualización que suponga un incremento del 25% para 2024, y que esta subida se ajuste cada año según el IPC real.
Otro aspecto clave es el incremento de personal en todos los centros y servicios, especialmente en la administración de la Junta de Andalucía y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). La falta de personal ha sido uno de los principales factores del deterioro en la calidad del servicio, por lo que es fundamental ampliar las plantillas y cubrir las bajas y vacaciones para garantizar una atención de calidad.
El informe también hace hincapié en la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales en el sector. Propone que todos los centros y servicios del SAAD cuenten con planes de prevención negociados, y que la falta de estos planes sea motivo de extinción de los conciertos y concesiones administrativas. Además, se exige el reconocimiento de las lesiones musculoesqueléticas y psicosociales como enfermedades profesionales, y la calificación del trabajo en este sector como penoso o peligroso, lo que permitiría anticipar la jubilación de los trabajadores a los 60 años.
Finalmente, CCOO propone revisar el sistema de copago para reducir la carga económica sobre las personas con ingresos bajos o medios. Se plantea la exención del copago en los servicios de ayuda a domicilio y centros de día para las personas con ingresos por debajo de los 2,5 IPREM, y una reducción en los centros residenciales que permita a las personas dependientes disponer de un mínimo de ingresos para sufragar otras actividades no cubiertas por el sistema.
Un cambio de gestión que "requiere tiempo"
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, reconoció el pasado viernes que el cambio de gestión en el sistema de Dependencia "requiere tiempo", pero asegura que los esfuerzos del Gobierno andaluz están enfocados en mejorar un sistema que no ha funcionado adecuadamente en el pasado. En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, López ha señalado que el mal funcionamiento de la gestión de la Dependencia era un problema heredado de la etapa socialista, recordando que en 2015 el propio Gobierno del PSOE admitió que había serios problemas en la gestión del sistema. En aquellos años, los andaluces llegaron a esperar hasta 1.275 días, es decir, tres años y medio, para recibir atención, y la lista de espera llegó a contar con 200.000 personas.
López subrayó que tenía la opción de mantener el sistema como estaba, pero que decidió apostar por el cambio: "Era nuestra responsabilidad mejorar aquello que no funcionaba, porque es evidente que no ha funcionado". La consejera reconoció que este proceso tiene consecuencias políticas y que no es inmediato, pero confía en que una vez que el nuevo sistema esté completamente implantado, la situación mejorará significativamente.
Desde la Consejería de Inclusión Social han detalladoque el número de prestaciones del sistema de Dependencia ha experimentado un aumento del 52% en los últimos seis años, alcanzando las 424.900 prestaciones, un máximo histórico que evidencia, según López, la apuesta firme del Gobierno de Juanma Moreno por mejorar el sistema. El presupuesto destinado a la dependencia en 2024 rozó los 2.000 millones de euros, lo que ha permitido un incremento en el número de personas beneficiarias, que ya supera las 287.500 en toda Andalucía, un 35% más que en 2018.
López destacó el esfuerzo realizado por la Junta para sostener el sistema, a pesar de lo que calificó como una "infrafinanciación" por parte del Estado, que adeuda a la región más de 4.000 millones de euros. "Pese a ello, la Consejería de Inclusión Social sostiene a pulmón todos los servicios y prestaciones que se incluyen en el catálogo de la dependencia en Andalucía", subrayó López.
