Hay marejada en el Ministerio de Defensa y los rumores sobre enajenaciones de patrimonio no hacen más que hacer saltar las alarmas de militares y civiles por sus probables traslados. En el caso de la capital, ya cerrada la oficina del ISFAS desde hace un par de meses y la marcha de cuatro trabajadores a San Fernando, el personal civil, bien laboral, bien funcionario es de unas 170 personas, las cuales viven un periodo de incertidumbre ante lo que les deparará el futuro.
A vueltas con la la Propuesta de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa (Prepidef), el pasado 9 de julio, el personal civil del Ministerio de Defensa fue convocado formalmente a través de la representación de sus centrales sindicales presentes en la Mesa de Cierres a una reunión informativa con el único punto del día de explicar el citado plan Prepidef.
Cabe señalar que la Administración comunicó la puesta en marcha del Plan Prepidef I que afecta a 49 actuaciones sobre inmuebles fundamentalmente destinados a Delegaciones de Defensa, Subdelegaciones y Oficinas Delegadas de Defensa y que dicho plan tendrá la menor repercusión en el personal y los servicios afectados, ya que “sólo se trata de trasladar unidades a otros edificios de Defensa cumpliendo el compromiso de reducción y racionalización del gasto, el cual será llevado a cabo por provincias”.
Visto así el asunto, el personal civil de Defensa salió obviamente decepcionado de la reunión y con la sensación de que se le ocultaba algo o mucho. De hecho, y en lo concerniente a la provincia gaditana, el Ministerio fue preguntado expresamente por la situación del hospital de San Carlos en San Fernando, al cual se refirieron desde Defensa como a “otro asunto distinto que no tiene que ver con el Plan Prepidef”.
Así las cosas,nada de luz se arrojó en la reunión sobre las sospechas de traslados y enajenaciones que el personal funcionario y laboral de Defensa, que en la capital suma unas 170 personas y casi un millar en el conjunto provincial, tiene con este plan sobre 109 instalaciones con un periodo de amortización de 10 años, cuya primera fase se desarrollará entre 2014 y 2017 y contempla las primeras 49 actuaciones.
Fuentes de la central sindical CSI-F hacen constar a este medio que se prevé el cierre de las residencias Fuerte Santiago en Algeciras, Fernando Primo de Rivera en Jerez, Guzmán el Bueno en Tarifa y la residencia de suboficiales de la Armada en San Fernando. Además, se prevé el cierre de uno de los edificios que conforman la residencia Diego Salinas, en San Roque. También los traslados de la Subdelegación de Defensa del Pabellón de Candelaria a las instalaciones del Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz (que en un futuro podría perder parte de su actividad e incluso ser trasladado a la Escuela de Suboficiales de San Fernando, una vez que está se traslade al Ferrol, según algunas fuentes), también del cierre y traslado de la representación de la Subdelegación de Defensa en Algeciras que pasaría al edificio de la Comandancia Naval y de la Factoría de Subsistencias y Almacén de Víveres de la Armada en el Poblado Militar de San Fernando al Arsenal de la Carraca (la cual está también pendiente de trasladarse en parte a la Base Naval de Rota).
