Una vez sabido que la Justicia se ha puesto del lado de las 34 monitoras administrativas de los colegios públicos gaditanos y que se condena a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a la readmisión o indemnización tras iniciar éstas su acción en los juzgados allá por agosto de 2013 ante la los despidos y cesiones ilegales han sido diversas las reacciones, tanto de formaciones políticas como de sindicatos, manifestando sus apoyos a los trabajadores y trabajadoras.
Ha sido la parlamentaria andaluza del PP de Cádiz Carmen Pedemonte la última en mostrar su apoyo a la causa de las monitoras administrativas gaditanas, exigiendo a la Junta de Andalucía la readmisión “inmediata” de estos profesionales, a la vez que criticaba que “la chapuza en la gestión del Gobierno andaluz en Educación haya provocado un daño irreparable a los 34 monitores escolares despedidos en Cádiz hace unos meses y que ahora la Justicia ha declarado improcedentes esos despidos”.
La dirigente popular explicaba que la Justicia ha declarado improcedentes los despidos de 34 auxiliares o monitores administrativos de centros de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Cádiz, “afectados por la pretensión de la Junta de Andalucía de asumir sus funciones mediante una oferta de empleo público”, al tiempo que señala que también se condena al “único empresario, la Consejería de Educación, Ciencia y Deporte, a que, en un plazo de cinco días, -a contar desde el pasado miércoles-, opte entre admitirlas o indemnizarlas, con hasta 7.648,80 euros a cada una”.
Ante eso, y no queriendo entrar en polémicas confrontaciones políticas, desde el colectivo de monitoras administrativas han señalado a este medio que si bien agradecen la Proposición No de Ley que en febrero presentó el grupo popular en el Parlamento andaluz, y que fue aprobado con modificaciones de IU y el apoyo de PSOE en dos de sus puntos, “realmente agradecemos el apoyo de todas las fuerzas políticas y solamente confiamos en la ejecución de la sentencia en sus plazos legales”.
Asimismo, este colectivo confía en el compromiso que con ellos adquirió el 13 de febrero la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de acatar la sentencia en primera instancia, es decir, no recurrirla, con lo que lo que estos trabajadores de colegios públicos esperan únicamente que se les notifique la reincorporación a los centros que les corresponda.
