La crisis sigue sin dar tregua y eso se refleja en la cifra de desalojos, que sigue imparable en todas las series estadísticas existentes, sea cual sea la base de datos que se consulte. Entre enero y marzo de 2014, han sido desahuciadas 665 familias gaditanas, lo que supone un 12% más que en el primer trimestre de 2013, cuando se efectuaron 590 lanzamientos, según los datos hechos públicos esta semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En 2013, en concreto, la cifra de desalojos, ya sea por el impago de la hipoteca o por no poder hacer frente al alquiler fue de 1.351 casos. De ellos, 635 se debieron a ejecuciones hipotecarias y el resto a procedimientos por no poder hacer frente al arrendamiento de una casa o local. Los lanzamientos relativos a no poder abonar la mensualidad hipotecaria han subido un 50% en el primer trimestre de 2014, hasta los 165 casos –casi la mitad de los 366 desalojos practicados hasta marzo–.
Estos datos reflejan los desalojos que efectivamente se han producido en la provincia –lanzamientos–, es decir, que el proceso judicial previo ha tardado unos meses hasta que el juez finalmente ha ordenado el desahucio y éste se ha concretado. A pesar de la dureza de la crisis y del número de desahucios que se ha cobrado en los últimos años, los casos siguen subiendo. Parece que nunca se llega al hueso. En el primer trimestre de este año se han presentado 665 ejecuciones hipotecarias, frente a las 590 de hace un año. El incremento es evidente y roza el 12 por ciento.
El drama de los desahucios es la cara más inhumana de la crisis, y sin embargo, aun a día de hoy los datos oficiales sobre desahucios siguen siendo “pésimos, insuficientes e inexactos”, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática y la alarma social generada, “lo mínimo que debería garantizar un estado de derecho son unos datos fiables; sin embargo, a día de hoy, la estadística del CGPJ sólo puede informar a nivel cuantitativo. La pésima calidad de los datos se evidencia en el hecho de que los datos de ejecuciones y desahucios no coinciden en número, porque muchas familias, al verse en un callejón sin salida, “se autodesahucian”, por lo que no es necesario tramitar una orden judicial de lanzamiento. De esta manera miles de desahucios se producen sin que consten en las cifras oficiales”, señalan desde la PAH.
El Gobierno ya aprobó una moratoria de dos años, hasta mayo de 2015, en los desahucios, una decisión que adelantaron la patronal bancaria y la asociación que aglutina a las cajas de ahorros después del rosario de suicidios de personas que iban a ser desalojadas que se produjo desde finales de 2012.
Lo cierto es que la reforma de la Ley Hipotecaria ha tenido un alcance muy corto, porque las condiciones para acogerse al bienio de suspensión de los lanzamientos eran demasiado extremas y los beneficiarios sólo podían ser núcleos familiares de especial vulnerabilidad, es decir, las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años, cuidan a un discapacitado o dependiente o si el deudor ha agotado el desempleo o prestaciones sociales, y las mujeres maltratadas. Es decir, se dejó fuera a la gran clase media. Y eso se refleja en los datos. El año pasado se formalizaron 2.282 ejecuciones hipotecarias, y durante el primer trimestre de 2014 la cifra alcanza las 665. Si la tendencia sigue siendo la misma en los tres trimestres del año que faltan, el ejercicio cerrará con una cifra récord que rozaría los 2.500 expedientes. Lo nunca visto.
A nivel nacional, el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los tres primeros meses de 2014 fue de 24.226, lo que supone el 13,6% más que el año anterior. El informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales correspondiente al primer trimestre del año pone de manifiesto que este incremento interanual sigue a las reducciones observadas en todos los trimestres de 2013.
Por comunidades, el número más elevado de ejecuciones hipotecarias iniciadas se dio en Cataluña, con 5.773, lo que representa el 23,8% del total nacional, Andalucía (19%), la Comunidad Valenciana (17,4%) y, a mucha distancia, Madrid (8,2%). En cuanto a los lanzamientos practicados durante los primeros tres meses del año, la cifra fue de 18.492, un 5 % menos que en el mismo periodo de 2013. El 41,7% de ellos se derivó de ejecuciones hipotecarias y el 53,8% de la Ley de Arrendamientos.
Según la PAH, el objetivo de la ley 1/2013 no era otro que, por un lado, continuar protegiendo los intereses de la banca, y por otro, realizar un lavado de cara al PP justo después de haber sido el único partido del arco parlamentario que votó en contra de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, apoyada con 1,5 millones de firmas. Por todo esto, la asociación exige la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular y sus tres medidas de mínimos: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y creación de un parque de alquiler social, con los edificios vacíos que están en manos de la banca y de la SAREB, a día de hoy inexistente, porque se prioriza la funcion lucrativa y especulativa del parque de viviendas.
661 casos evitados
El programa contra los desahucios de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha contribuido a evitar 661 desalojos en la provincia de Cádiz en sus primeros 15 meses de funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 2013. Así consta en el registro de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Durante los primeros quince meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito, el programa ha intermediado en 661 casos. En la fase de intermediación los afectados acuden solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios, destacando fórmulas como las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras medidas encaminadas a paralizar el lanzamiento, en permanente comunicación con juzgados y entidades bancarias.
El resto de expedientes abiertos en Cádiz se corresponde con las fases de prevención, con un total de 59; y de protección, con 126 casos. En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad.
En la fase de protección, las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del programa las asesoran para realizar la solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, establecen cauces de comunicación con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos que se han unido para arbitrar soluciones.
En total, ya se han adherido a esta iniciativa 32 municipios gaditanos y 267 en toda Andalucía, casi un 35% del total de ayuntamientos de la comunidad autónoma.
