El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha informado de la 'operación Repícaro' contra empresas ficticias en la provincia gaditana, con un total de 62 detenidos y 133 imputados hasta el momento por presuntos delitos de estafa y fraude a la Seguridad Social que podría rondar el millón de euros. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Según ha explicado De Torre en rueda de prensa, se trata de una operación en la que han intervenido la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil que tiene su origen en otras dos operaciones anteriores por las mismas prácticas delictivas --'Relisto' y 'Picones', que supusieron la detención y puesta a disposición judicial de 422 y 304 personas, respectivamente--.
Detalla De Torre que personas imputadas por ser presuntos trabajadores ficticios de las falsas empresas descubiertas en dichas operaciones habrían creado cuatro nuevas empresas ficticias supuestamente dedicadas a la limpieza, la construcción y el sector del taxi.
A través de estas empresas fantasma habrían contratado a 78 trabajadores y realizado 221 movimientos de altas y bajas a la Seguridad Social, lo cual fue detectado por la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, que pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía en julio de 2013. Todas las actuaciones están siendo dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz).
El objetivo de los falsos trabajadores, que pagaban distintas cantidades de dinero para ser contratados, era obtener prestaciones por desempleo, por maternidad o acceder al tercer grado penitenciario gracias a un contrato simulado. El grueso de los detenidos e imputados son de la provincia de Cádiz --127 imputados y todos los detenidos--, aunque también hay personas de Madrid, Sevilla, Ceuta, Jaén y Las Palmas de Gran Canaria.
Así, el entramado criminal, cuyo presunto cabecilla es un vecino de Jerez, obtenía cuantiosos beneficios económicos, ya que todos los trabajadores a los que daba de alta se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas del mismo. Además, resalta el cuantioso gasto ocasionado a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos.
MÁS DE MEDIO MILLÓN RECUPERADO
De Torre ha explicado que el procedimiento administrativo sancionador de la Inspección de Trabajo queda sujeto a la investigación judicial. No obstante, se han podido recuperar 584.000 euros de prestaciones cobradas o que se iban a cobrar porque se había generado un derecho ficticio a la prestación. Asimismo, se impone una sanción de 537.000 euros a las empresas ficticias.
Ha recalcado que para el Gobierno es una "prioridad" luchar contra el fraude, habiéndose incrementado en un 704 por ciento las actuaciones contra empresas ficticias en el periodo 2012/2013 respecto al periodo 2010/2011.
También ha subrayado el buen funcionamiento de los mecanismos y alarmas puestos en marcha por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, ya que fue el seguimiento de personas implicadas en 'Picones' y 'Relisto' lo que ha permitido desarrollar esta operación.
Igualmente, ha significado la "enorme dificultad" que ha entrañado la operación, ya que se ha detectado "un cambio en la forma de operar de las empresas ficticias", que ya no son "puras" en el sentido de que no tienen ninguna actividad ni prestan ningún servicio, sino que han evolucionado a una forma anterior y son empresas que, teniendo una actividad real, contratan ficticiamente a trabajadores que no prestan ningún servicio.
