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Cádiz

Traslada a Fiscalía "irregularidades" en el acuerdo con Arca

El Ayuntamiento detectó dicha situación en el proceso de fiscalización de la justificación del convenio. A ello han añadido la denuncia de dos trabajadoras

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El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido trasladar a la Fiscalía una “serie de irregularidades detectadas en la justificación del convenio” que existe entre el Consistorio y la Asociación de Atención al Alcoholismo (Arca). Según la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, “dentro de ese proceso de fiscalización, los técnicos municipales responsables detectaron una serie de iregularidades que se la trasladaron a la Intervención municipal”.

A este situación detectada por los funcionarios municipales se le añade también la aparición de dos abogados en el Consistorio, que representaban a dos personas que trabajaban en dicha asociación. Dichos abogados, según las fuentes municipales consultadas, “entregaron un escrito en el Ayuntamiento alertando de que las nóminas de estas dos empleadas estaban siendo utilizadas como justificante para conseguir las subvenciones municipales por parte de Arca”.
Incluso en el citado escrito, según las fuentes municipales, las dos afectadas indican que “ellas no han firmado dichas nóminas”. Toda esta documentación se traslada a la Intervención municipal.

A dichas empleadas de la asociación se les deben seis y tres nóminas, respectivamente.
Según Ana Fernández, toda esta información “se traslada a la Fiscalía, para que se nos indique que todo está correcto y si se puede seguir el proceso”. Según la concejala del Gobierno local, “se ha hecho como con cualquier otra entidad”. 


Por otro lado, las fuentes municipales consultadas añaden que “toda esta situación ha provocado que se retrase el pago de las subvenciones municipales” .

Arca denunciaba a principios de mes que se encontraba “en una situación de asfixia”, llegando incluso a plantearse el cierre. La citada asociación lo justificaba en los trámites burocráticos que estaban retrasando la llegada de la subvención acordada con el Ayuntamiento del último semestre de 2015 y el primero de 2016, que ya se debería haber abonado. Debido a estos retrasos, decían desde la asociación que arrastraban una deuda de 100.000 euros.

Desde el Ayuntamiento se destaca que este pago se vio retrasado por la situación de irregularidad hallada en la justificación del cumplimiento de este convenio del Consistorio con la citada asociación, a lo que ahora añaden la denuncia de dos trabajadoras.

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