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Cádiz

Acusa a María Romay de "maltrato institucional"

Vecinos Cádiz reclama una reunión con el alcalde para abordar la adaptación del Reglamento de Participación al autonómico y pide que los convenios sean públicos

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La Federación de asociaciones de vecinos 5 de abril Vecinos Cádiz ha criticado el “maltrato institucional” que reciben por la delegada de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Cádiz, María Romay, que en una entrevista publicada en Andalucía Información declaraba que no iba a priorizar al movimiento vecinal frente a otros colectivos sociales, a la vez que afirmaba que el Reglamento de Participación Ciudadana había nacido “muerto”.

Para Vecinos Cádiz “este reglamento no está muerto puesto que obtuvo el visto bueno tanto del secretario como del interventor municipal, así como contaba con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto el Gobierno local”. Estas declaraciones de Romay demuestran el “resquemor” que tiene porque “no pudo sacar adelante su Reglamento de Participación”.

No obstante, dicho documento deberá adaptarse ahora “en dos o tres puntos muy técnicos” al Reglamento aprobado a nivel autonómico en el Parlamento. Los representantes vecinales han remitido una carta al alcalde de Cádiz, José María González, por el que  le reclama una reunión para abordar este asunto. “Aquí se muestran las diferencias de trabajar en grupo y de aquellos que al final van por libre”. Gracias al nuevo reglamento, los representantes del movimiento vecinal van a poder participar en los distintos consejos de administración de las empresas municipales, con voz pero sin voto, “y el primero es Emasa, donde también participan los trabajadores”.

Los representantes vecinales, Manuel Salomón y Francisco Gómez, también quisieron abordar otra cuestión que puso sobre la mesa Romay: las subvenciones. Según Vecinos Cádiz, las únicas ayudas que reciben son para la conservación, mantenimiento y funcionamiento de las sedes, que hay veces que “no cubren” ni los gastos. “Son ataques gratuitos los que recibimos cuando saben que existe un trato distinto con respecto a otros colectivos que funcionan a base de convenios”. Unos documentos que “desconocemos y para los que pedimos transparencia y que sean públicos”.

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