La protesta del pasado jueves 19 de julio contra los recortes del Gobierno resultó un éxito de participación basado no sólo en el número de respuestas a la convocatoria, sino también por la diversidad de los manifestantes, representantes de casi todos los sectores de la sociedad, la política e incluso el mundo empresarial.

Paralelamente a la protesta desarrollada el jueves en la Plaza Alta, en las últimas semanas muchos de esos colectivos organizaron sus propias medidas de rechazo, con movilizaciones y comunicados de adhesión a las corrientes críticas.

Una de las movilizaciones más importantes se produjo, de manera espontánea, el pasado 13 de julio, coincidiendo con el Consejo de Ministros en que se trataron estos recortes.

Por un lado, los empleados de la oficina de coordinación de la Administración General del Estado (AGE) se manifestaron con un paro de varios minutos en la sede. De igual modo, trabajadores de Universidad y Justicia tomaron parte en una concentración en el Palacio de Justicia esa misma mañana para protestar contra las medidas de austeridad del Gobierno.

En lo que se refiere al funcionariado local, Miguel Ángel Lara, de UGT, expresó que “la opinión generalizada es contra los recortes”, y opinaba que los ayuntamientos debían devolver competencias a administraciones superiores para evitar asumir funciones que no pueden soportar.

Policías y guardias civiles
Los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad están entre los grupos que se han mostrado contrarios con mayor vehemencia con los recortes aplicados por el Gobierno. Como todos los funcionarios, han visto reducir sus derechos en cuanto a salario, bonificaciones sociales y días de descanso, con el agravante de la responsabilidad y la peligrosidad que va ligada, en muchas ocasiones, con su trabajo.

“Ante lo que consideramos un robo y el malestar generalizado entre los policías nacionales, el  SUP ha decidido llevar a cabo medidas de presión que comenzaron el miércoles 11 de julio, los policías no  actuarán por iniciativa propia, trabajarán a reglamento y solo mediante órdenes, en todo caso siempre actuarán ante el requerimiento de los ciudadanos, se harán concentraciones  en aquellos lugares donde haya presencia de dirigentes del Ministerio del Interior en actos públicos y se llevará a cabo una manifestación a nivel nacional en Madrid”, explicaba el secretario local de esta formación sindical, Juan Antonio Morillo.

“Ya no salen plazas para Algeciras. Antes entraban en la academia 4.000 y ahora sólo 200 para repartir en todas las comisarías. Así no llegaremos nunca al catálogo de puestos de trabajo”, se lamentó.

Por su parte, el secretario provincial de AUGC en Cádiz, José Encinas, añadió a los problemas puramente salariales y operativos lo que entiende como una progresiva remilitarización del cuerpo de la Guardia Civil, lo que para esta asociación profesional, lo más parecido a un sindicato con que puede contar el Instituto Armado, es especialmente grave.

“La Guardia Civil es el peor pagado de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, si estamos hablando de recortes salariales no va a haber aumentos de plantilla. Sería ilógico. Ya venimos denunciando que desde hace un año está ingresando un guardia por cada diez que se jubilan. Lo estamos notando en todas las unidades”.

Para Encinas, los recortes no llegan sólo en forma de salarios. “En cuestiones de material, estamos viendo semana si semana no que los vehículos con más antigüedad no se reponen. Unidades que tenían tres vehículos ahora tienen uno. En San García este mes de julio lo hemos visto. En Tarifa, había dos o tres patrullas por turno y ahora tan sólo una”.

Estos recortes se han visto evidenciados, también, con la OPE. “El año pasado vinieron 40 y tantos compañeros; este año, uno a la Aduana y otro a Isla Verde en comisión de servicio”, incidió.
Los policías locales también participaron, con sus diversas insignias sindicales, en la marcha que partió de la Plaza Alta de Algeciras.

Sector penitenciario
El mismo jueves en que tuvo lugar la concentración de la Plaza Alta, unos 200 funcionarios del centro penitenciario de Botafuegos salieron, a las 14.00 horas, a las puertas del recinto para protestar contra los recortes.

El representante de CSI-CSIF Rufino García señaló que las medidas de austeridad tomadas en los últimos años en el sector penitenciario han afectado notablemente a Botafuegos, “la segunda prisión de España en masificación -1.750 presos, aproximadamente- y la primera en Andalucía”.

Sin embargo, la abundante movilidad y la escasez de convocatorias de plazas han dejado la cárcel con “entre 50 y 70 funcionarios de menos”. Además, resaltan que más recientemente los recortes se han visto evidenciados con la falta de reposición de elementos básicos, como son los guantes de látex.

En lo que respecta a los últimos recortes, que afectan a todos los funcionarios, resaltó que “hemos perdido entre un 30 y un 40% de poder adquisitivo en los últimos quince años”, entre “congelaciones, bajadas puntuales, subida de IRPF y la extra”.

Por su parte, el delegado de Acaip José Luis Alcaraz, quien fue el encargado de leer el manifiesto contra los recortes, resaltó que las cárceles españolas cuentan con un déficit de “1.600 funcionarios”, y que, además, “ahora el secretario de Seguridad sugiere privatizar la seguridad en el interior de los centros”. Agregó que “nosotros no somos los culpables de la gestión de este país”.

Agentes de empleo
Desde diversos ámbitos se ha acusado también recientemente al Gobierno de recortar en medidas que promocionen la creación de empleo.

Un buen ejemplo de ello es el caso de los agentes locales de empleo, un colectivo que lleva varios años trabajando a nivel local con renovaciones anuales gracias a subvenciones europeas. Ante la constatación de que este año podían quedarse sin fondos para ejercer su labor, comenzaron recientemente una serie de protestas tanto en la sede de la AGE como en la de la Junta de Andalucía.

El delegado sindical de CCOO Pedro Gómez resaltaba que este personal, que cuenta con 18 representantes en la comarca, cuatro de ellos en Algeciras, y más de 800 personas en toda Andalucía, espera el resultado de las conversaciones mantenidas entre el Ministerio de Empleo y la Junta de Andalucía, en las que ha participado el vicepresidente del ente autonómico, Diego Valderas, para garantizar la prestación futura de este servicio.

Universidad

El sector universitario fue uno de los más activos durante las semanas previas al anuncio de los últimos recortes de Rajoy, en protesta por las subidas de las tasas universitarias y otras medidas que afectan a esta etapa formativa.Así, realizaron varias concentraciones en la Escuela Politécnica entre los meses de mayo, junio y julio.

Tras anunciarse el recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa, lo que más indignó al colectivo, como recordó el delegado sindical de CCOO José Luis Díaz es “el incremento de las tasas de matriculación”.

Si bien matizó que “Andalucía es la comunidad autónoma donde más barato resulta estudiar”, las penalizaciones después de la primera matriculación son consideradas desorbitantes para los contrarios a estas medidas (una asignatura aumenta el 77,09% en la segunda matrícula; un 195,63% en la tercera; y en la cuarta hasta un 309,34%”, eso sin contar “la disminución de las ayudas a las becas en un 11,6% a nivel estatal, así como el endurecimiento de los criterios para acceder a ellas.

“También se ha disparado el precio de los másteres, de modo que de los 1.200 euros que costaban antes se ha podido pasar a los 4.000”, resaltó Díaz.

Los recortes universitarios, ligados también a los ajustes generales en materia educativa, afectan también a la materia de las infraestructuras (-62,5%) y la investigación, reducida en un 25%. Sólo en personal, en Andalucía los recortes ascienden hasta los 45 millones de euros.

Justicia

El sector de la Justicia en el Campo de Gibraltar está en este momento más preocupado de lo que viene a partir de ahora que de los ajustes aplicados hasta el momento.

Esta parcela se halla pendiente de una profunda reforma en la Administración de Justicia cuya propuesta inicial ya ha sido presentada por el Consejo General del Poder Judicial.
Entre las medidas propuestas -que recibieron hace pocos días el visto bueno, también, del TSJA-  se incluye la reducción drástica de partidos judiciales. Concretamente, los tres partidos judiciales actuales del Campo de Gibraltar -Algeciras, La Línea y San Roque- quedarían reducidos a uno sólo.

Esta circunstancia, según el delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO), José Luis Sánchez, “supondrá el traslado de todos los funcionarios a Algeciras”, con todos los trastornos que ello conlleva para aquellos que residan en localidades más lejanas, caso de Castellar o Jimena.

Así mismo, para Sánchez ello supondrá “una reducción de puestos de trabajo, porque además se incluye la modificación de leyes para determinadas materias que se dirimen actualmente en los juzgados”. El delegado sindical se refiere, concretamente, a supuestos como los divorcios de mutuo acuerdo, “que quieren ahora que los lleven los notarios”, así como “los expedientes de nacionalidad”, los cuales serían llevados por “los registradores de la propiedad”.

Para Sánchez, “si por un lado suprimimos partidos judiciales y las materias en que trabaja la justicia, además de incrementar el horario laboral, la ecuación es clara; eso nos lleva a la disminución de los puestos de trabajo”.

Los funcionarios de Justicia llevan manifestándose desde el lunes 4 de junio en las diversas sedes judiciales con periodicidad semanal contra los recortes salariales, la paralización en la creación de nuevos órganos judiciales, la congelación en la oferta de empleo público, la destrucción de puestos de trabajo mediante la no cobertura de plazas vacantes; y el deterioro de las condiciones laborales de los funcionarios.

Posteriormente, tomaron parte también, el pasado 13 de julio, en las protestas espontáneas contra los recortes.