Unas 200 personas, entre ellas la parlamentaria andaluza de IU Inmaculada Nieto o el dirigente del SAT Diego Cañamero, han reclamado hoy al Gobierno que ceda parte de las más de 14.000 hectáreas de La Almoraima y convierta esta finca pública en un "modelo social" que acabe con el paro de la zona.
"Esta finca tiene todas las condiciones para que en esta comarca no hubiera paro", ha subrayado Diego Cañamero después de participar en la marcha que ha transcurrido desde el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera hasta las puertas de la finca, que en 1983 fue expropiada a Rumasa y pertenece al Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación.
La marcha es la segunda movilización que el alcalde de la localidad, Juan Casanova (IU), ha emprendido después de las constantes negativas con las que el Gobierno ha respondido a los distintos proyectos que ha planteado a lo largo del último año y medio para que la finca pueda convertirse en una solución para un pueblo en el que la tasa de desempleo alcanza al cuarenta por ciento de sus 3.175 habitantes.
En la movilización de hoy Diego Cañamero ha pedido al Gobierno que ceda parte de esa finca para que las administraciones locales "que tienen un compromiso más cercano y más social con el pueblo" puedan emprender allí cooperativas con las que atajar el "alarmante" problema de paro que en la zona ha crecido en los últimos años al mismo ritmo en el que ha caído el sector de la construcción.
Una cesión con la que, según ha afirmado, el Gobierno "no perdería nada" y los vecinos tendrían una vía para ganarse la vida.
Sobre todo, porque de "La Almoraima" se podría sacar mucho más provecho con iniciativas "de futuro", según el alcalde, que reivindica "una gestión pública y más social" de esta finca, para "convertirla en un ejemplo de rentabilidad social".
La finca, ubicada en su mayor parte en el Parque Natural de los Alcornocales, está dedicada ahora a la agricultura, con 720 de sus hectáreas; a la ganadería, con 1.100 cabezas de ganado vacuno y 2.300 de bovino; a la extracción del corcho; a la caza menor y mayor y al turismo, en una casa-convento rehabilitada al efecto.
En el último año y medio, el alcalde ha planteado diversos proyectos para diversificar su economía, como la instalación de un "polígono industrial verde", que podría albergar una planta de obtención de biomasa, una planta de reciclaje o una fábrica de transformación de productos de agricultura ecológica.
La respuesta fue siempre negativa, al igual que cuando después planteó que cedieran al pueblo unas cien hectáreas de regadío para montar una cooperativa agrícola para los parados.
Los vecinos de Castellar ya cuentan con otra finca aledaña más pequeña, de 245 hectáreas, llamada Majarambú y que la Junta de Andalucía cedió al municipio, después de paralizar su subasta, para llevar a cabo un proyecto de "soberanía alimentaria", con el que el ayuntamiento quiere abanderar un modelo de agricultura ecológica en la zona.
