Agentes de la Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral que controlaba seis macro-prostíbulos en varias provincias andaluzas. La operación se ha saldado con la detención de 36 personas en Sevilla (10), Huelva (5), Córdoba (4), Madrid (3), Pamplona, y las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María (12) y Algeciras (2), en su mayoría de nacionalidad española- y la imputación de veintisiete personas jurídicas.
Además, se han intervenido cajeros automáticos y dispositivos de telepago ubicados en los clubes, nueve vehículos de alta gama, diversas joyas y relojes de lujo, unos 250.000 euros en efectivo, un revólver y munición para el mismo, así como abundante documentación relativa a las actividades ilícitas de la organización (libros contables de los clubes y sus mercantiles, anotaciones manuscritas de los “pases” de las chicas, libros de viajeros en los que se observa que sólo se hospedan mujeres y numerosos documentos contables y económicos).
En torno a dichos prostíbulos habían dispuesto todo un entramado societario y de testaferros con el fin de enmascarar la procedencia de los beneficios que acumulaban. Además de los 36 detenidos se inmovilizado por orden judicial 57 inmuebles, 56 vehículos, una embarcación y otros bienes valorados en unos 14 millones de euros. Se estima que las ganancias obtenidas anualmente en cada uno de los clubes eran de 1.250.000 euros.
Los clubes, con capacidad para explotar a unas 400 mujeres, contaban con cajeros automáticos y sistemas de telepago propios vinculados a las empresas mercantiles de su propio entramado societario, con la intención de facilitar a los clientes tanto el acceso al comercio sexual, como al dinero en efectivo, además de cobrarles las comisiones correspondientes por el uso de dichos dispositivos.
Con toda la información recabada se montó el correspondiente dispositivo policial, coordinado por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y en el que además han participado la Brigada de Inteligencia Financiera y la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial, las UCRIF de Pamplona, Sevilla, Córdoba, Huelva, Algeciras y La Línea de la Concepción, la Unidad de Intervención Policial y Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, las Unidades de Prevención y Reacción de Huelva, Córdoba y Algeciras, la Comisaría Local del Puerto de Santa María (Cádiz), Guías Caninos de Algeciras y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
De forma coordinada y simultánea se realizaron 17 registros. Nueve de ellos en distintos domicilios ubicados en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz, otros siete en las sedes sociales de diferentes empresas, entre ellas los clubes de alterne investigados, además de un apartado de correos.
Sanciones a las que no cumplían las normas
Las mujeres explotadas en los clubes eran obligadas a abonar un porcentaje por cada servicio sexual prestado. Además debían firmar una especie de “contrato” que las comprometía a cumplir una serie de normas impuestas también por la organización y que conllevaba una serie de sanciones (multas) en caso de incumplimiento de dichas normas. Así, por ejemplo, debían abonar 50 euros por descansar sin permiso o entre 150 y 200 euros por abandonar el club sin autorización previa.
Los clubes disponían de cajeros automáticos vinculados a las empresas mercantiles de su propio entramado societario, lo que facilitaba a los clientes el acceso rápido a dinero en efectivo. También disponían de dispositivos de telepago para cobrar los servicios sexuales, todo lo cual generaba unos beneficios añadidos, derivados de las comisiones que los clientes debían abonar por utilizarlos. Otro de los servicios que ofertaban los clubes era que, a los clientes que lo solicitaran, se les facilitaban sustancias estupefacientes.
Las investigaciones llevaron a la Policía a la conclusión de que cada club operaba a través de, al menos, tres sociedades controladas por la propia organización: una era la titular del inmueble, otra explotaba la actividad económica y la tercera gestionaba los pagos realizados con tarjeta. De este modo aparentaban movimientos de dinero entre las distintas sociedades, que les permitían justificar entradas ilícitas de capital de forma aparentemente legal.
Tres años de investigación
Las investigaciones comenzaron hace unos tres años, con la detección de una operación sospechosa de compraventa de una parcela en Córdoba, cuyo importe -aproximadamente unos 3,5 millones de euros- se comprobó posteriormente había sido abonado, mediante imposiciones en efectivo, con dinero procedente de actividades ilícitas cometidas en un club de alterne ubicado en dicha parcela.
Las pesquisas seguidas por la Policía, permitieron averiguar que el club había sido adquirido por una organización criminal que, además, era propietaria de otros cuatro más de similares características en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Además, en el transcurso de las investigaciones, la organización abrió un club mas en la localidad de Ayamonte (Huelva), considerado de gran interés estratégico, ya que permitía atraer clientela procedente de Portugal.
En torno a los prostíbulos, la organización había dispuesto todo un entramado societario y de personas interpuestas a modo de testaferros para tratar de enmascarar la auténtica procedencia de los beneficios obtenidos.
Dadas las características y forma de actuación de la organización, los investigadores pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que, a partir de ese momento, se encargó de dirigir la investigación.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha señalado que “la trata de seres humanos se ha convertido en uno de los fenómenos criminales sobre los que la Policía Nacional se ha propuesto desarrollar un mayor esfuerzo preventivo y operativo para atajar esta lacra”. El Plan Estratégico para el 2013-2016 configura como uno de los objetivos el fortalecimiento de la investigación de redes organizadas dedicadas a este tipo de delitos y la protección e asistencia a las víctimas. Para ello, la Dirección General de la Policía está diseñando un Plan Integral que contemplará nuevas herramientas para luchar contra estas redes criminales, cuya investigación exige una constante actualización en los métodos de prevención, formación, operatividad policial, organización interna y cooperación internacional.
