El europarlamentario de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha presentado en el Parlamento europeo su segunda pregunta a la Comisión Europea referente a los planes del Gobierno de España de privatización, construcción y uso turístico de la finca pública la Almoraima, en Castellar de la Frontera.
El pasado 27 de octubre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de España presentó su "Plan especial de usos de la finca de la Almoraima" al Ayuntamiento de la localidad gaditana. "Este Plan especial puede estar violando varias directivas europeas con la intención de volver a especular con la destrucción del medio natural". "Daremos la batalla para no aceptar la privatización de un patrimonio natural que es patrimonio de todos los españoles y en especial de los castellarenses", sostuvo Meyer.
El patrimonio ecológico que se encuentra dentro de la finca resulta de un incalculable valor, resultando uno de los últimos bosques de laurisilva conservados en el continente europeo. Pero aparte de su valor ecológico se encuentra su valor económico y social para la zona, en la actualidad vinculado al corcho y los usos cinegéticos, que con una cesión de su uso de carácter sostenible podría generar cientos de empleos para el municipio y la comarca.
"El Gobierno mantiene el mismo plan de desarrollo económico que antes de la crisis. Para ellos nada ha cambiado y simplemente quieren recuperar sus planes especulativos. Sus urbanizaciones, sus recalificaciones, sus pelotazos son su 'Marca España' y no entienden más desarrollo que el engrose de sus carteras a costa de destruir todo lo que merece la pena en este país", condenó Willy Meyer.
Los habitantes de Castellar de la Frontera se han movilizado para impedir al Gobierno realice sus planes de privatización y permita una cesión temporal para usos sostenibles, como la agricultura ecológica, que permita generar empleos en la comarca. Los ciudadanos se oponen a una privatización que beneficiará a los tradicionales grupos constructores, pero que tan solo pueden generar trabajo estacional para unos pocos.
Este Plan de Usos podría infringir una buena parte del derecho europeo, desde la Directiva de Hábitats y de Aves hasta la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental, que recoge varios puntos sobre la participación de los afectados en los procesos de decisión.
"Esta no es una alternativa que busque mejorar las condiciones del pueblo de Castellar, se trata de la especulación, tal y como ha ocurrido en otras partes del país, que ahora pretende llegar a uno de los pocos espacios vírgenes que quedan en España", concluyó el eurodiputado.
