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Campo de Gibraltar

Gibraltar apunta que España reconoce ser responsable de vertidos contaminantes en la Playa de Poniente

Autoridades españolas confirmaron que los municipios del Campo de Gibraltar han formalizado un contrato con de Fomento para localizar y evacuar las aguas residuales del sistema de recolección de aguas pluviales y garantizar la supervisión de los puntos de vertido, con una inversión de 6,5 millones

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El Gobierno de Gibraltar ha recibido con satisfacción que las autoridades españolas hayan reconocido ante la Comisión Europea que ellas han causado la contaminación por aguas residuales que afecta a la playa de Western Beach.
Esto supone la culminación de un sinfín de peticiones que el Gobierno de Gibraltar presentó ante la Comisión. Esta institución había planteado con frecuencia si la causa de la contaminación podía establecerse en Gibraltar, pero el Gobierno siempre refutó este extremo e indicó a la Comisión que todas las pruebas apuntaban a España como fuente de contaminación. Para respaldar sus alegaciones, el Gobierno de Gibraltar remitió numerosas pruebas, que incluían los resultados de las muestras de agua y los planes del sistema de eliminación de vertidos de Gibraltar, debidamente regulado. A la luz de las mismas, quedaba claro que Gibraltar cumplía firmemente con los requisitos y que, por tanto, no podía ser considerado el origen de los vertidos contaminantes.
En una respuesta reciente dirigida a la Comisión, las autoridades españolas alegaron que los vertidos contaminantes se deben fundamentalmente al inadecuado mantenimiento de los sistemas de recolección de aguas pluviales y de las estaciones de bombeo, junto con los vertidos “incontrolados” de aguas residuales de los hogares de la Línea al sistema de recolección de aguas.
Las autoridades españolas confirmaron asimismo que los municipios del Campo de Gibraltar formalizaron recientemente un contrato con una filial del Ministerio español de Fomento para localizar y evacuar las aguas residuales del sistema de recolección de aguas pluviales y garantizar la supervisión regular de los puntos de vertido, con una inversión inicial de 6,5 millones de euros.
El Gobierno de Gibraltar acoge asimismo con satisfacción el compromiso de la Comisión para seguir los esfuerzos de las autoridades españolas con el fin de resolver el problema.

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