El PIVG (Partido Independiente del Valle del Guadiaro) informó que el pleno debe revocar los acuerdos aprobados en el pleno extraordinario del 10 de marzo con relación al convenio con TRAGSA empresa dependiente del Ministerio de Agricultura Pesca, Comercio y Medioambiente para la ejecución de la obra presupuestada en 3 millones de euros de la remodelación de la antigua Casa Consistorial para un museo otro edificio cultural y los viales del entorno.
El convenio salió adelante con los votos del equipo de gobierno en contra de toda la oposición, el PIVG además de no estar conforme con destinar 3 millones a esta obra con las necesidades de inversiones que necesita un municipio tan extenso y carente de muchas infraestructuras básicas, puso un recurso de reposición contra el acuerdo plenario puesto que es partidario de que una obra de esa envergadura saliese a licitación pública para ahorrar por la experiencia que tenemos, entre 600.000 y 800.000 euros por lo que no entendíamos la finalidad de este convenio, un tanto oscuro con una empresa TRAGSA que aunque fuese publica, tenía un informe negativo del Tribunal de Cuentas del año 2012, denunciando que hacia obras fuera de su objeto social también estaba condenada por el Consejo de Transparencia denunciado por ASEJA, por falta de transparencia en las encomiendas realizadas con diferentes Administraciones públicas.
Como acostumbra nuestro alcalde Ruiz Boix, no ha contestado al recurso intentando así que pusiésemos un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado conocedor de que de cualquier recurso con la lentitud de la justicia tarda en resolverse entre tres y cuatro años, tiempo suficiente para estar realizada la obra y que difícilmente se fuese a derribar, puesto que con los recursos de apelación y casación al Tribunal Supremo puede estar liado antes de una sentencia en firme ocho o diez años.
Ante esta situación nuestro portavoz J. Mayoral envió un escrito a la Ministra de Medioambiente, Isabel Tejerino y al jefe de servicios del Ministerio encargado de la firma del convenio, con toda la documentación incluido el recurso de reposición al que ni el alcalde había contestado demostrando a nuestro juicio que a todas luces la operación era ilegal para que tomase la decisión que viese conveniente anunciando que iniciaríamos un contencioso-administrativo en los tribunales.
En el Ministerio analizando el recurso y toda la documentación aportada, ha tomado la decisión de no celebrar este convenio, coincidiendo con la postura del PIVG ya que realmente no tienen competencia en esta materia, comunicándoselo al Ayuntamiento.
Esta inversión a pesar de no estar de acuerdo con la misma y si el equipo de gobierno trata de hacer alguna otra operación tan opaca como pretendía, lucharemos y defenderemos desde el PIVG, que se saque a licitación pública para ahorrarse los sanroqueños entre 600.000 y 800.000 euros,
