La federación vecinal algecireña Fapacsa ha destacado que la Oficina del Defensor del Pueblo le ha dado la razón en su denuncia sobre el proyecto de demolición del arrecife del Mar de Isidro, por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

La APBA, recuerda Fapacsa, “desea demoler la zona conocida como la Mar de Isidro, uno de los últimos arrecifes que quedan en la Bahía, frente a la Punta de San García, colindante al Parque Natural del Estrecho, lugar de Interés Comunitario (HIC 1170) de una gran biodiversidad”.

Para ello, en lugar de incluirlo en el Plan Director de rellenos que, de nuevo, pretende efectuar, esta vez hacia el Parque Natural, la APBA ha elaborado un proyecto de dragados independiente, aludiendo a “supuestas razones de seguridad, pretendiendo saltarse la Evaluación Ambiental”, explica el colectivo vecinal.

Por dicho motivo, el pasado mes de enero Fapacsa “se vio obligada” a acudir al Defensor del Pueblo. “Primero para denunciar la falta de transparencia de la APBA y el incumplimiento de la Ley 27/2006 al no facilitar dicho organismo el proyecto de dragados que, de forma reiterada, se le había estado solicitando”, indican.

Por otra parte, Fapacsa expresó ante el Defensor del Pueblo su “temor” a que los dragados se efectuaran sin la Evaluación de Impacto Ambiental.

Recibido el proyecto de los dragados, Fapacsa identificó “graves omisiones en la tramitación ambiental del mismo. Entre otras cuestiones, la APBA solicitaba informes a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas de Andalucía en Cádiz en lugar de hacerlo al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”.

“Mientras, la APBA pretendía desmentir lo dicho por Fapacsa”, señala la federación, que recuerda una que la Autoridad Portuaria indicó públicamente el 3 de febrero de este año: "El proyecto está redactado y se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente para su análisis".

“Pues bien, en relación con la Evaluación Ambiental, el Defensor del Pueblo ha informado a la Federación vecinal de las gestiones efectuadas con la APBA, dando la razón a Fapacsa al constatar la intención de la APBA de no someter el proyecto a evaluación ambiental y dejando claro que, según la jurisprudencia constitucional, es la Administración General del Estado quien ostenta la competencia respecto al informe de afección (o no afección) de los Espacios Protegidos y no la Junta de Andalucía como pretende la APBA”, señalan desde Fapacsa.

El colectivo vecinal añade que, “ante la negativa de la APBA a efectuar la tramitación ambiental de acuerdo con la propuesta que le sugiere, el Defensor del Pueblo incluirá el asunto en el Informe Anual a las Cortes Generales, dando por finalizadas las actuaciones con la APBA y continuándolas, no obstante, con la Demarcación de Costas para comprobar si el expediente de los dragados se ha mandado al Ministerio de Transición Ecológica, en concreto a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación”.

La federación vecinal ha contestado al Defensor requiriendo su mediación ante el Fiscal General del Estado para la paralización cautelar del mencionado Proyecto de dragados.

La APBA desmiente varios puntos
La APBA ha respondido a las acusaciones del colectivo Fapacsa en relación al proyecto del Bajo del Mar de Isidro “para aumentar la seguridad marítima de la Bahía de Algeciras”. Lo hace recalcando tres puntos concretos, en los que desmiente las acusaciones de la federación vecinal:

• La APBA no ha ejecutado ni está ejecutando obras en el Bajo del Mar de Isidro, por lo que no procede la “paralización cautelar” que requiere Fapacsa.
• Es falso que la APBA niegue la tramitación ambiental, como afirma Fapacsa en su nota de prensa. Muy al contrario, como ha trasladado la propia APBA al Defensor del Pueblo la Autoridad Portuaria someterá el proyecto a la tramitación ambiental que finalmente se considere aplicable, como no podría ser de otra forma.
• Es falso que la APBA pretenda realizar cualquier tramitación ambiental ante la Junta de Andalucía y no ante la Administración General del Estado. Así, la APBA inició los trámites con el MITERD en 2018, correspondiendo entonces las competencias sobre la gestión del espacio de Red Natura 2000 ZEC del Estrecho Oriental a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del citado Ministerio, y es ésta la que ante los cambios en la estructura orgánica de los departamentos ministeriales, debiera remitir, en su caso, el expediente al órgano del Ministerio que sea competente a día de hoy.
• La APBA está en contacto con el MITERD para fijar la tramitación ambiental a la que deba someterse el proyecto finalmente.

La APBA recuerda que proyecta “desde 2016 dragar el Bajo del Mar de Isidro para reforzar la seguridad marítima en la Bahía aumentando de esta forma el calado de este punto próximo a la bocana sur de la dársena de Isla Verde Exterior y ante el peligro que supone para la navegación marítima, como así han trasladado a la institución desde Capitanía Marítima y Prácticos”.

El Bajo del Mar de Isidro está situado “tanto fuera del Parque Natural del Estrecho como de la ZEC (Zona de Especial Conservación). Sin embargo, para reforzar la seguridad del tráfico marítimo la Autoridad Portuaria contempla el aumento de calado utilizando equipos de excavación mecánica para garantizar la selección de las estructuras geológicas a eliminar”, subrayan.

“Es también falso, por tanto, la afirmación de Fapacsa de que la APBA desea “demoler” la zona conocida como la Mar de Isidro. El proyecto se limita al dragado de las crestas o puntos altos, y no a todo el bajo”, concluye la APBA.