Durante el curso escolar 2012/2013 se han desarrollado un total de 23 medidas: quince prestaciones en beneficio de la comunidad y ocho actividades educativas reparadoras. La edad de los infractores oscila entre los 14 y los 20 años. El 75 por ciento son hombres y el 25 por ciento restante mujeres. La duración de estas medidas oscila entre 8 y 80 horas.
El pasado martes, día 5 de noviembre, a las 10.30 horas celebró la quinta convocatoria anual de coordinación de la Delegación Municipal de Educación en relación al “Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para la ejecución de medidas judiciales sobre menores infractores, alternativas a las privativas de libertad”. El acto tuvo lugar en el Centro de Iniciativas Juveniles BOX, sito en Severo Ochoa.
Para la organización y planificación de la ejecución de este tipo de medidas, la Delegación Municipal de Educación realiza una “Guía de Recursos” en la que se incluyen datos de contacto y listado de actividades programadas que serán actualizadas y ampliadas en el próximo año.
En el acto se dieron cita los técnicos del Equipo Municipal de Educación, los miembros del Equipo de Intervención en Materia Educativa y Menores de la Policía Local, representante del Equipo en Medio Abierto (Afanas), así como del Equipo de Mediación: Conciliación y Reparación (Asociación Alternativa Abierta). Igualmente, responsables de casi todas las áreas y delegaciones municipales, y miembros de asociaciones sin ánimo de lucro colaboradoras (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chiclana, Protección Civil, Asociación Reto Esperanza y Asociación Arrabal Empleo).
Las medidas alternativas a las privativas de libertad en el caso se menores chiclaneros están vigentes desde 2008, gracias al “Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Chiclana y la Consejería de Justicia e Interior”. Constituyen un servicio concertado con la Dirección General de Reforma Juvenil de la Junta de Andalucía. El objetivo de las mismas es conseguir una intervención más eficaz con los menores que están sujetos a medidas judiciales como consecuencia de alguna conducta infractora, aportando de una manera rentable y eficaz actividades diversas de utilidad pública y social.
En la medida de lo posible, las actividades asignadas están relacionadas con el tipo de delito cometido, aumentando la capacidad rehabilitadora de la sanción y con la consecuente responsabilización hacia los actos y consecuencias de los hechos delinquidos. Los trabajos alternativos mantienen la esencia reparadora y reeducativa que restituye a los menores a la vida en comunidad.