El Defensor del Pueblo Andaluz tramita 1.000 expedientes este año en Córdoba

Publicado: 11/11/2021
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado este jueves las principales preocupaciones de la ciudadanía de la provincia de Córdoba
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado este jueves las principales preocupaciones de la ciudadanía de la provincia de Córdoba en una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, y ha destacado la buena relación de su oficina con la Administración autonómica en esta provincia, donde el Defensor tramita este año 1.000 expedientes, destacando entre ellos los relativos a personal público.

Así y en rueda de prensa junto a Repullo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha explicado que en lo que va de 2021 su oficina ha iniciado un millar de actuaciones motivadas por quejas y consultas de los cordobeses, entre las que destacan las relacionadas con el personal del sector público, la infancia y adolescencia, los servicios sociales, la salud, el medio ambiente y la vivienda.

De igual forma, Maeztu se ha interesado por los problemas relacionados con cortes de luz y, en general, por la situación energética, en relación al impacto que el incremento de los precios puede tener para los hogares y, muy particularmente, para las familias más modestas y las personas en situación de pobreza energética.

En este sentido, la institución andaluza está reclamando la necesidad y la urgencia de aprobar "medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables".

Junto a ello, Jesús Maeztu ha trasladado su "preocupación" por las consecuencias sociales y ambientales que pueden derivarse del proceso acelerado de implantación de instalaciones de energía renovables, como los huertos solares y parques eólicos, sin una "adecuada planificación previa". De hecho, el Defensor ha informado al delegado de la Junta en Córdoba de la actuación de oficio abierta por su oficina sobre la falta de planificación en el despliegue de energías renovables en Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha defendido la coordinación de los planes de lucha contra el cambio climático con otras preocupaciones de la ciudadanía, como la protección del paisaje, la biodiversidad o la defensa de los intereses de las zonas en riesgo de despoblación, en el marco de un posicionamiento de defensa del concepto de "transición justa".

Por otro lado, Jesús Maeztu ha avanzado que un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la institución se desplazará el próximo miércoles 17 a Montoro y el jueves 18 a La Carlota, en la provincia cordobesa, para la atención presencial a los vecinos de las comarcas de Valle Medio del Guadalquivir y del Alto Guadalquivir, donde además se mantendrán reuniones con las asociaciones y los equipos de trabajadores sociales.

En esta ronda de visitas a los diferentes delegados territoriales del Gobierno andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz ha presentado por primera vez a este nivel la Estrategia 2021-2024 de la institución, aprobada el pasado mes de octubre y que significa un punto de partida para que este comisionado parlamentario adquiera nuevas herramientas y habilidades que le permitan "garantizar los derechos ante las nuevas realidades sociales que afronta la ciudadanía".

Junto a ello, Maeztu ha informado a Repullo del cambio de procedimiento por el que el Defensor citará a la administración que no colabore a comparecer en la institución, a partir del trámite de advertencia, como "una nueva medida" en su proceso de tramitación de quejas "para mejorar la colaboración con las administraciones públicas".

Por último y tras una reunión con los delegados provinciales de cada área en Córdoba, el Defensor del Pueblo Andaluz, ha intervenido en la reunión que ha mantenido un equipo del servicio de mediación de la institución con entidades públicas que pudieran estar ofreciendo fórmulas adaptativas de solución de conflictos, de carácter extra o intrajudicial.

LA JUNTA

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, tras elogiar la labor del Defensor del Pueblo Andaluz, ha destacado "el índice alto de colaboración y de cooperación que tienen todas las delegaciones territoriales y todos los organismos dependientes de la Junta de Andalucía con la oficina dirigida por Jesús Maeztu".

A este respecto, Repullo ha asegurado que van "a seguir en ese camino y, para ello, todos los delegados se han llevado todas las indicaciones que se nos han dado por parte, tanto del Defensor, como de todo su equipo", en la reunión que han mantenido.

El delegado ha señalado, respecto a la actuación de la Junta en Córdoba durante la pandemia que, "a nadie se le escapa que han sido prácticamente dos años muy complicados, en los que la Junta de Andalucía tenía dos objetivos claros, que eran frenar la pandemia y adelantarnos e ir siempre un pasito por delante", ya fuera "en los momentos en los que había que hacer cribados, en los que había que aplicar PCR, y en los que había que tomar medidas muy complicadas para mucha gente, sobre todo para los que más lo necesitan".

Esas medidas, según ha señalado Repullo, "han dado lugar a situaciones muy difíciles para gran parte de esta sociedad, pero también, de manera simultánea y complementaria, la Junta Andalucía ha aplicado las que entendíamos que eran las mejores soluciones para aquellos que más las necesitaban".

En este contexto el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha citado las tarjetas monedero, que han ayudado a 8.238 personas de 3.060 familias de Córdoba, a lo que se han sumado "las rentas mínimas de inserción social, el incremento durante el último año de las plazas de residencias, no solo para mayores, sino también para personas que tienen alguna discapacidad", o la "reducción en las listas de espera de la Dependencia".

De forma concreta, durante este año se han tramitado 4.386 expedientes de Renta Mínima en la provincia de Córdoba, de los que 504 son concesiones de la prestación a unidades familiares con menores. Igualmente se han aprobado 1.401 prestaciones en trámite inicial, que dan cobertura a 2.909 personas, y se han concedido 263 ampliaciones del derecho. El montante económico de gasto en la provincia en lo que va de año asciende a 6.68 millones.

En cuanto a atención a la dependencia, en la provincia de Córdoba hay 26.860 personas atendidas que reciben un total de 38.183 prestaciones, lo que supone 2.526 personas más atendidas que en diciembre de 2020, con un incremento del 10,38 por ciento. Desde el inicio de la legislatura en 2019 hasta el momento actual, se han creado en la provincia de Córdoba un total de 159 nuevas plazas en residencias y centros de día para la atención de personas mayores y personas con discapacidad.

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