El PSOE ha propuesto a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas "que encomiende" al mismo "la elaboración y remisión a la Cámara de un informe relativo a la verificación de la observancia" de la Ley de Contratos del Sector Público "en las contrataciones llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) durante los ejercicios 2013 y 2014, con especial atención a las contrataciones de las actuaciones de limpieza en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba".
Así se recoge en la citada propuesta, a la que ha accedido Europa Press y que ha suscrito el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, con el fin de que el Tribunal de Cuentas proceda a la "elaboración y remisión a la Cámara de un informe de fiscalización relativo a las contrataciones de emergencia y urgencia" realizadas por la CHG durante el periodo indicado.
En el apartado de fundamento de la proposición socialista se recuerda que "el articulo 113 del Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, permite la tramitación de emergencia, que solo se utilizará cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".
Pues bien, según destaca el PSOE en su propuesta, la CHG ha defendido que "las obras para la adecuación y recuperación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba fueron declaradas como obras de emergencia por la Presidencia de la Confederación el 4 de septiembre
de 2013", y "con fecha 11 de septiembre de 2013 la Dirección General del Agua autorizó la colaboración de la empresa Viguecons Estévez para la actuación 'Tramo desde la sección aguas arriba del islote hasta el cruce del río con la autovía'".
Es decir, según subraya Hurtado en su propuesta, "la CHG encargó las obras a Viguecons Estévez por un millón de euros sin convocar un concurso público debido a que se consideraron trabajos de emergencia", resultando que la CHG "justifica esta contratación de las obras de emergencia para la adecuación y recuperación del cauce y no de restaurador, porque la actuación vino motivada como consecuencia del extraordinario año hidrológico 2012-2013, en el que las precipitaciones fueron excepcionales, muy superiores a la media y concentradas en la parte alta de la cuenca".
La consecuencia, según señaló en su día la CHG, es que "se produjeron avenidas e inundaciones de la llanura de inundación del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba y aguas arriba de la misma, dando lugar a arrastres de lodo y vegetación, los cuales se depositaron en el entorno de la ciudad, tanto en las márgenes del cauce, como en las pilas de los distintos puentes que hay sobre el río".
Por otro lado, según la Confederación, "no es comparable el precio tan elevado de esta actuación con relación a las tarifas de la empresa pública Tragsa", considerando que "no se podría comparar el precio de la actuación con las tarifas de Tragsa", dado que "parte de los trabajos se centraban en la reparación del puente de El Arenal, lo que supone una alta especialización técnica, y las tarifas oficiales de Tragsa no recogen dichos precios".
"CONTRATACIÓN IRREGULAR"
Para los socialistas, todas estas justificaciones son "incomprensibles y forzadas" y entienden que "la contratación de la limpieza del Guadalquivir a su paso por Córdoba es una presunta contratación irregular, que elude las exigencias normativas de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas".
Por otra parte, con respecto a las actuaciones de la CHG en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, "el Gobierno ha informado que en diciembre del 2013 la Confederación concluyó la inversión de 1,8 millones de euros en la adecuación y recuperación del río desde el Puente Romano hasta la A-4".
En este punto, Hurtado ha recordado en la proposición que el Ejecutivo también informó que iba a "abordar otras actuaciones, como son la restauración ambiental de los aliviaderos del Balcón del Guadalquivir, la restauración y tratamientos selvícolas en el entorno del Molino de Martos, la restauración ambiental de la isla de las esculturas y la restauración de los embarcaderos en el Balcón del Guadalquivir y del Cordel de Écija", además de que "se está redactando un pliego de bases de servicios para la conservación y mantenimiento del río Guadalquivir a su paso por el núcleo urbano de Córdoba, mediante actuaciones de mejora de la capacidad del desagüe, y la mejora y acondicionamiento de la ribera del cauce".
"FRACCIONAMIENTO INTENCIONADO"
Para el PSOE, "estas actuaciones también pudiesen ser un fraccionamiento intencionado de las obras en el Guadalquivir a su paso por Córdoba, para evadir las exigencias de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas".
Junto a ello, los socialistas, "para garantizar la transparencia", creen "necesario que todos los expedientes de contratación externa de obras o servicios de la CHG incluyan la oferta de la empresa pública Tragsa, lo que serviría para una valoración comparativa de las
distintas ofertas".
En base a todo lo expuesto, el PSOE considera "necesario aclarar todas estas circunstancias acaecidas, que han sido denunciadas de forma reiterada por los medios de comunicación", lo que lleva a Hurtado a la presentación de la referida propuesta a la Comisión Mixta Congreso Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
