La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investiga una querella presentada contra la juez Mercedes Alaya por su actuación durante la prolongada instrucción del denominado caso Betis, que comenzó en el año 2008.
Dicha querella ha sido presentada por el ex consejero delegado del Betis Luis Oliver, uno de los procesados por Alaya, que atribuye a la instructora una presunta prevaricación en relación con algunas de las decisiones adoptadas por la magistrada en esta investigación, según informa hoy Diario de Sevilla.
En esta causa, la juez ha procesado al ex mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera y a otros siete dirigentes del club por delitos de apropiación indebida y delitos societarios en la venta de las acciones.
La querella contra Alaya ha sido remitida a la Fiscalía Superior de Andalucía para que emita un informe sobre la procedencia o no de admitir a trámite esta querella.
Alaya confirmó en septiembre pasado el procesamiento del ex consejero delegado, al que imputó como cooperador necesario, en un auto en el que rechazó la petición de archivo planteada por la defensa de Oliver.
La Fiscalía de Sevilla, por su parte, se adhirió a la petición de Oliver porque consideró que no existían indicios de la venta simulada de las 20.662 acciones del Real Betis -a través de Farusa- a Bitton Sport.
Desde que se inició la investigación del caso Betis hace siete años, la instrucción ha estado salpicada por numerosas polémicas, lo que ha llevado incluso a la presentación de varias quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han sido archivadas por el órgano de los jueces.
Además, hay pendiente de resolver una recusación por las supuestas relaciones familiares de uno de los magistrados, Juan Antonio Calle Peña, que es sobrino de uno de los socios de la Liga de Juristas Béticos, personada como acusación particular en el proceso.
El juez ha rechazado esta recusación, entre otros motivos, porque considera que las decisiones en la Audiencia se adoptan de forma colegiada, pero la Fiscalía de Sevilla ha mostrado su apoyo a esta recusación porque entiende que "puede generar dudas razonables en relación con la imparcialidad" del magistrado ponente
