Los sindicatos ACAIP, APFP, CSIF, CCOO y UGT con representación en el Centro Penitenciario de Puerto III, trasladan a la opinión pública que, por increíble que parezca, el gobierno de la nación ha excluido a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, del nuevo Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el trabajo en la Administración General del Estado (AGE) y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.


El citado protocolo viene a dar respuesta a una de las situaciones que más preocupan a un empleado público: ser agredido en el desempeño de su puesto de trabajo, como ocurre en el C.P. Puerto III y en el resto de prisiones gaditanas y españolas.


Según elbBoletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2016, existen 209.046 efectivos en la Administración General del Estado (AGE), de los cuales 23.439 corresponden a la Institución Penitenciaria, lo que representa un 11.21 % del total.
Así nos encontramos, que desde el año 2005 y hasta el 31 de marzo de 2016, se habían registrado en las cárceles españolas un total de 2.118 agresiones de presos a los trabajadores encargados de su vigilancia.


De ellas, 181 han sido catalogadas como graves o muy graves por el propio Ministerio del Interior en sus estadísticas. (Se adjuntan documentos oficiales facilitados por la propia Administración de las agresiones sufridas por el personal penitenciario).


Esta exclusión de los funcionarios penitenciarios del Protocol de Actuación frente a la Violencia en el trabajo en la Administración General del Estado (AGE), va en contra de la lógica más elemental, salvo que se pretenda realizar un maquillaje de cifras, eliminado de un plumazo al colectivo funcionarial más agredido.


No tiene ningún sentido e insulta a la inteligencia, ya que el 65 % de las agresiones a funcionarios públicos se producen en las prisiones y el 80 % de éstas se catalogan como graves.
Esta forma de proceder parece más propia de una república bananera que de una democracia avanzada en el seno de la Unión Europea, ya que conculca principios de igualdad de trato y no discriminación entre los distintos funcionarios de la AGE.


Ahora "entendemos que no hayan difundido las imágenes captadas por el sistema de video-vigilancia del Centro Penitenciario de Puerto III, de la salvaje agresión sufrida por seis funcionarios por parte de un interno  la mañana del pasado día 21 de julio", indican.


"Es muy difícil explicar a la opinión pública que esos funcionarios que en las imágenes  se observa que están siendo agredidos de esa manera tan violenta, han sido excluidos, paradójicamente, de un plan creado contra la violencia a los funcionarios".


Para terminar, explicar que "las dos causas principales de esta altísima concentración de agresiones en el medio penitenciario son, por un lado, la existencia de un déficit de 3.000 funcionarios en las Instituciones Penitenciarias, después de que el gobierno haya estado casi cinco años con una Oferta de Empleo prácticamente nula en las cárceles, y por otro, la elevada presencia de enfermos mentales internados en los centros penitenciarios, lo que provoca episodios de violencia con internos que son más difíciles de controlar, dado que el personal penitenciario existente ni tiene preparación específica, ni cuenta con los medios adecuados para afrontar la peligrosidad y dificultad que entraña el desarrollo diario del trabajo en el interior de una prisión".