Cuando Barcelona cada noche ofrece un espectáculo -muy localizado en el centro, pero dantesco- en la mañana del domingo se hizo una concentración independentista para reclamar a los tres partidos soberanistas de Aragonés (ERC), Puigdemont (JxCat) y los anticapitalistas de la CUP que formen un gobierno independentista al precio que sea: "Ya somos el 52%”. Para ellos una mayoría incuestionable para formarse un gobierno catalán de"concentración nacional”, para llevar a cabo la autodeterminación y “culminar con la proclamación de independencia que esta vez sí lleve hacia la república catalana”.
No se reunieron para dar su apoyo a las fuerzas autonómicas del orden público ni para solidarizarse con los comercios con las lunas reventadas. No, de nuevo la independencia. Con dos mentiras. La primera, que hablan de “concentración nacional” cuando es más que evidente que la sociedad catalana esta partida en dos, prácticamente por mitades, y la bajada de la participación ha sido de 26 puntos con respecto a las elecciones de 2017 hasta situarse en el 53,54%. La segunda es que el porcentaje del censo para el voto independentista pasó por poco en las últimas elecciones del 25% del censo electoral. Y la independencia y la secesión del resto de España la quieren lograr con la mayoría simple de los votos de la cámara autonómica. Un dislate. Menos que para la reforma del Estatuto de Autonomía que requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento de Cataluña.
Viene al pelo hablar de esos porcentajes porque la Constitución y el Estado exigieron a Andalucía el 28 de febrero de 1980 el 50% de los votos del censo electoral para iniciar el proceso autonómico andaluz, además de lograr el apoyo unánime de las diputaciones y de las tres cuartas partes de los municipios de todas las provincias, también con la mayoría absoluta del censo. Eso es un porcentaje de tomo y lomo y no las milongas independentistas. Por eso Andalucía tiene los galones precisos para ponerse en primera línea en el desarrollo autonómico y tiene el reto de su transformación ante los fondos europeos. Fue el pueblo andaluz el que otorgó esas tan costosas credenciales -en términos democráticos- a las instituciones andaluzas. Ése desafío es el del gobierno andaluz y el del conjunto de las fuerzas parlamentarias que creen en la autonomía.
