Un "borrador privado y confidencial" elaborado en diciembre de 2010 por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, analiza "la potencial evolución del negocio" y "alternativas al actual modelo de gestión", recogiendo incluso la "conclusión" del entonces director general de la lonja, Juan Carlos Recio, poniendo "en discusión la continuidad" de algunos de los servicios que presta esta empresa participada por el Ayuntamiento. Este "estudio y análisis sobre la viabilidad de Mercasevilla" contempla, entre otros aspectos, la "opción" de transferir servicios como la descarga, facturación y el cobro del pescado, externalizar el servicio de mantenimiento y la vigilancia de la unidad alimentaria o el cierre del departamento de formación y el servicio médico.

El documento en cuestión, fechado el 16 de diciembre de 2010 y recogido por Europa Press, fue elaborado "siguiendo las instrucciones del presidente de Mercasevilla", que en aquellos momentos no era otra persona que el entonces concejal socialista Alfonso Mir. "El presente documento ha sido preparado siguiendo las instrucciones del presidente, con el propósito de mostrarle la potencial evolución del negocio durante ejercicios futuros y sobre diferentes alternativas al actual modelo de gestión", figura en el encabezamiento de este "borrador sujeto a cambios" de naturaleza "privada y confidencial" que, como reza en el texto, "no debe ser utilizado para ninguna otra finalidad y no debe ser mencionado o mostrado a otras partes interesadas".
LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE MERCASEVILLA

Mercasevilla, como es sabido, cerró 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros después de que 2009 se saldase con pérdidas de 4.123.666 euros, toda vez que las previsiones acumuladas hacen temer pérdidas de aproximadamente 1,8 millones de euros en 2011. Sobre esta sociedad mixta, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, pesa además un pasivo de 9.046.976,95 euros a cuenta de la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007. A este procedimiento se adhirieron 40 trabajadores cuyas prejubilaciones han quedado paralizadas al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación del ERE, algo que en septiembre de 2011 había supuesto ya gastos de 1.054.000 euros para Mercasevilla al objeto de cubrir tales rentas.

Mercasevilla, además, se ha visto obligada a abonar a la Administración andaluza cerca de un millón de euros en concepto de sanciones por la localización de pescado inmaduro en las instalaciones de la lonja, toda vez que la sociedad mixta incluso ha hipotecado, por un valor de 800.000 euros, dos locales comerciales de su propiedad como garantía ante otros expedientes sancionadores de la misma naturaleza. Y es que ya mediado el año 2010, la sociedad mixta emprendía una operación 'acordeón' para reducir a cero su capital social y luego ampliarlo a 1,28 millones de euros, con el fin de eludir una posible causa de disolución.
UN "BORRADOR" HASTA SU "APROBACIÓN DEFINITIVA"

De cualquier manera, el documento en cuestión fue elaborado como un "borrador y debe ser considerado como tal hasta la aprobación definitiva del órgano de administración correspondiente". Y es que según figura en el documento, Alfonso Mir, como presidente de Mercasevilla, propuso el 2 de diciembre de 2010 la "elaboración de un plan que proponga un modelo de gestión en el que se concreten los recursos necesarios para un funcionamiento sobre una adecuada prestación del servicio y un equilibrio financiero".

Dentro de este borrador, cobra especial interés el capítulo dedicado a analizar las variables y posibilidades a la hora de "suprimir aquellos servicios o actividades que no se constriñan al objeto social y que generen pérdidas". Y es que la Dirección General de Mercasevilla, según figura en este documento, había ya "llegado a la conclusión de que la continuidad de algunos (servicios) podría ser objeto de discusión". Entre los "servicios a debatir sobre su continuidad", figuran la facturación y descarga prestada a los mayoristas de pescado, así como la oficina de cobro de esta género, la "vigilancia integral" de la unidad alimentaria, los "porteros vigilantes" de la lonja de pescado, el área de formación, los servicios médico, de mantenimiento y de limpieza y, finalmente, la guardería.
"IMPACTOS" EN LA PLANTILLA Y "AMORTIZACIÓN" DE PUESTOS DE EMPLEO

A tal efecto, el documento examina las "opciones" sobre la continuidad, transferencia o cierre según cada uno de los servicios mencionados. En el caso de la facturación prestada a los mayoristas de pescado, por ejemplo, el documento contempla su continuidad sin "cambios en la situación actual del servicio", pero además analiza tanto la transferencia del servicio y sus 44 empleados con un ahorro "estimado" de 1,3 millones de euros, como a la simple transferencia del servicio con un "impacto" en estos 44 trabajadores e "indemnizaciones de 20 días por año de servicio" para cada uno de ellos.

En el caso de la descarga de pescado, nuevamente el documento sopesa su continuidad "sin cambios en el servicio", así como la transferencia del servicio y sus 29 empleados con la "amortización" de tales puestos de empleo y un posible ahorro de más de 1,3 millones de euros. Igualmente, el borrador contempla sencillamente la transferencia de este servicio con indemnizaciones de 20 días por año trabajado para cada uno de los 29 empleados asociados a él.
"OPCIÓN" DE CERRAR VARIOS SERVICIOS

En cuanto a la vigilancia de la unidad alimentaria, el borrador contempla, entre otras posibilidades, la "opción" de que el servicio sea "explotado por un operador externo" con un impacto "estimado en 15 empleados" y costes por "amortización en los puestos de trabajo". Por lo que se refiere a los servicios de formación, medicina y guardería, este borrador incluso contempla su cierre con la "amortización" de los puestos de empleo adscritos a dicho departamento. Acerca del servicio de mantenimiento, del que dependen 13 puestos de empleo, nuevamente el documento analiza las consecuencias de su "mantenimiento en las mismas condiciones", así como su "transferencia a un operador externo" con un "impacto en la plantilla de 12 personas" y la correspondiente "amortización de los puestos de trabajo".