Un total de siete reclamaciones administrativas de cantidades que oscilan entre los 20.000 y los 200.000 euros se han presentado este lunes en el registro del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) por los perjuicios derivados de las riadas de finales de 2010 y principios de 2011 y lo que consideran una mala gestión del problema por parte de las administraciones.

El letrado de los afectados, Fernando Osuna, ha expuesto a Europa Press que los costes de peritaje "han disuadido a muchos vecinos cuyo poder adquisitivo se ha visto mermado por la crisis". De hecho, este factor ha retrasado la presentación hasta el límite del plazo, ya que en la madrugada del 6 al 7 de diciembre se cumple un año del comienzo de las inundaciones en Écija, plazo límite de tiempo.

Las reclamaciones, según Osuna, pueden considerarse presentadas también ante las administraciones autonómica y central, dado el convenio vigente según la Ley del Procedimiento Administrativo, por lo que el Consistorio astigitano funciona en este caso como "ventanilla única".

En sus peticiones se hacen constar los daños psicológicos y morales --"hay gente que no duerme bien"--, así como el lucro cesante que supone vivir en inmuebles "depreciados" por el hecho de estar construidos sobre zonas susceptibles de inundación.

"El Consorcio de Compensación de Seguros no paga estas cantidades, con lo cual los afectados se quedarán sin cobrar, a no ser que reclamen a través de la plataforma que se ha creado", ha subrayado Osuna, que ha agregado que el hecho de que algunos afectados hayan cobrado del Consorcio de Compensación de Seguros no obstaculiza para que puedan reclamar por la vía iniciada, es decir, que pueden cobrar además de lo que ya han recibido del Consorcio.

A partir de ahora, las administraciones cuentan con seis meses para resolver las reclamaciones. El abogado ha expuesto en este sentido que si en este periodo no hay respuesta "tendremos abierta la vía judicial", a través de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Osuna también representa los intereses de en torno a una decena de reclamantes de Lora del Río, por las mismas razones. En este caso, el año de prescripción se ha interrumpido con una reclamación, en un proceso que tendrá su continuidad "cuando tengamos más pruebas y se haya pagado a los peritos".