La Consejería de Medio Ambiente abrió en el año 2003 un expediente sancionador contra la propietaria de esta vivienda por realizar esta ampliación sin la preceptiva autorización del parque natural y por exceder el máximo de 150 metros cuadrados edificable que estipulan las normas urbanísticas de Prado del Rey, lo que motivó la paralización de las obras.
En enero de 2004 se resuelvió el expediente sancionador con una multa de 30.000 euros y la obligación de "restituir el terreno a su estado anterior", es decir, demoler todo lo construido de forma ilegal. En febrero de 2005 Carmen Janeiro presentó un recurso de alzada contra esta sanción, pero según la organización, el mismo se quedó el expediente "paralizado" hasta la denuncia de los Ecologistas, en julio de 2010, lo que provocó la contestación de la Consejería rechazando el recurso y confirmando la orden de demolición.
Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente, además, que ha solicitado en numerosas ocasiones en la Junta Rectora del parque natural que se informe de las causas de esta paralización, que podrían haber provocado la caducidad del expediente sancionador.
La organización entiende que las normas urbanísticas y medioambientales "están para cumplirse, máxime en un espacio natural protegido", y exigirá a la delegada de la Consejería en la Junta Rectora que se celebrará este miércoles en El Bosque, explicaciones por esta "negligencia" que ha estado a punto de provocar la caducidad de este expediente sancionador por esta infracción urbanística a la normativa del Parque Natural.
