Este jueves entra en vigor el Real Decreto que desarrolla la nueva legislación que pretende evitar la descarga ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor en internet, conocida popularmente como Ley Sinde-Wert, en referencia a los dos ministros implicados en su puesta a punto.
Aunque en un principio fue la ministra de Cultura socialista Ángeles González-Sinde el blanco de todas las iras de los internautas, finalmente el Gobierno del PSOE no materializó la ley. Estuvo cerca en sus últimos Consejos de Ministros, pero optó por dejarlo estar y pasarle al PP la patata caliente.
El nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy no tuvo mayor problema en aprobar la nueva regulación antidescargas el 30 de diciembre de 2011, sin modificar lo que sobre la mesa tuvo el anterior Gobierno, aprobado de manera mayoritaria en las Cortes. De esta manera la ley se hacía realidad y señalaba al 1 de marzo como fecha en rojo en el calendario, ya con José Ignacio Wert al frente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Este Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios, cuyos nombres aún se mantienen en secreto, de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad; y Presidencia.
DECISIÓN DE CIERRE
Dicha Comisión servirá de puente entre los propietarios de los derechos de autor y los dueños de las páginas webs, con la intención de reestablecer la legalidad en internet. Esto supone que los miembros de la Comisión tendrán poder para solicitar la retirada de contenidos e incluso el cierre de las páginas que los alojen o enlacen sin permiso de los titulares.
El proceso siempre comenzará a partir de una solicitud del titular de estos derechos de autor, y en este instante la Comisión actuará si considera que la web denunciada tiene ánimo de lucro o ha causado un daño patrimonial. Se inicia así un proceso administrativo que puede durar en torno a 20 días, y en el que el Juzgado Central de los Contencioso Administrativo tendrá que pronunciarse hasta en dos ocasiones si los dueños de la web no acuerdan la retirada de contenidos.
Una vez aceptada a trámite una solicitud, se pide al juez una petición de autorización para identificar al responsable, a quien se contactará seguidamente para informarle. Éste tiene 48 horas desde ese momento para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después hay un plazo de deliberación, tras el cual si la Comisión cree que hay vulneración solicita de nuevo la intervención judicial, quien en última instancia decide sobre la interrupción o retirada.
Por último, la ejecución de esta decisión judicial puede ser voluntaria o forzosa, en cuyo caso se solicitará (al igual que a la hora de identificar) la colaboración del prestador de servicios de internet (empresas de telecomunicaciones). Desde el cierre de Megaupload por la intervención del FBI, las páginas más populares en España de servicios de descargas y 'streaming', como Series Yonkies, llevan un tiempo retirando enlaces. Sin embargo, este jueves llega su verdadera fecha límite. Por ahora.
