El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP), al considerar que no existen "elementos de convicción suficientes que determinen la idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad" de esta diligencia.
En un auto dictado este viernes, Ruz rechaza también la comparecencia en sede judicial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, de los exministros Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Ángel Acebes y José Manuel Romay, del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y de una veintena de testigos, entre los que se encontraban la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
En el caso de Rajoy, Rato y Mayor Oreja, el juez señala que puede "adivinarse" en la solicitud de las acusaciones "un interés cuya legitimidad no puede ser reconocido en la tramitación de un procedimiento penal, sin perjuicio de la relevancia o interés extraprocesal que pudiere ponerse de manifiesto al respecto".
A este respecto, el magistrado cita jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional para sostener que "el derecho a la prueba no comprende un derecho de llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada", por lo que estando "el objeto del proceso perfilado al nivel indiciario que es exigible por ahora, no hay necesidad de que declaren más testigos".
LAPUERTA DECLARARÁ
El titular del Juzgado Central de Instrucción número sí acuerda la citación como imputado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, al que tomará declaración el próximo 4 de noviembre a pesar de que los forenses estimaron que no se encontraba en "condiciones neuropsíquicas" para declarar. El juez argumenta en su auto que los informes reflejan "una mejoría evidente en el aspecto motor, en el área del lenguaje, pensamiento, concentración y cálculo".
De igual modo, solicita un informe a la Intervención General del Estado (IGAE) para que analice los registros contables aportados por Bárcenas en los que se recogían una entrega de 200.000 euros al PP de La Rioja y el embargo de 160.000 euros del PP de Pontevedra.
NO HABRÁ CAREOS NI REGISTROS
En relación con el resto de testigos solicitados por las acusaciones, el auto señala que las declaraciones no resultan "necesarias para determinar el significado y alcance de los hechos investigados, y su consiguiente relevancia jurídico-penal".
El juez explica que las diligencias resultan "redundantes con otras ya practicadas", pueden "exceder del ámbito temporal que razonablemente pudiera delimitar la prescripción de los delitos en que pudieran traducirse los hechos ligados a los apuntes contables investigados" o se apartan "claramente" del objeto de la instrucción.
También rechaza registrar el domicilio del extesorero del PP Luis Bárcenas, como le pidió Izquierda Unida (IU), argumentando que la propia naturaleza de la diligencia exige que no sea "previamente conocida por la persona investigada y afectada", a fin de "garantizar su eventual eficacia e idoneidad para la instrucción".
De igual modo, desestima la realización de careos entre Bárcenas y los constructores Luis del Rivero (Sacyr), Juan Miguel Villar Mir (OHL) y José Mayor Oreja (FCC) por "su carácter excepcional, falta de utilidad y ausencia de los presupuestos legales y jurisprudenciales" necesarios "en el presente estadio de la instrucción".
