La Agencia Tributaria (AEAT) ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, un voluminoso informe en torno a las salidas de fondos de Aizoon, empresa propiedad de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, si bien faltan por ser entregados otros datos de Hacienda y otro informe de la Policía Nacional antes de decidir si imputa a la hija del Rey Don Juan Carlos por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, según han informado fuentes judiciales.
En cualquier caso, el magistrado esperará a tener en sus manos el resto de información, entre la que se encuentran diversos datos bancarios relativos a la Infanta antes de pronunciarse sobre su posible encausamiento. El nuevo informe se encuentra ya sobre su mesa pendiente de estudio, si bien no se prevé que dé traslado del mismo hasta este martes.
Aunque la Fiscalía Anticorrupción se haya adelantado a todas estas pruebas oponiéndose a la imputación, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma quiere tener reunidos todos estos datos de cara a adoptar su decisión.
Una vez el juez analice toda la documentación, relacionada principalmente con las salidas de fondos de Aizoon, que se nutrió con los fondos que de forma presuntamente ilícita obtuvo el Instituto Nóos, dará traslado de la misma a las acusaciones del caso Nóos para que aleguen lo que estimen oportuno sobre la situación procesal de la Duquesa de Palma.
La AEAT debe explicar acerca de si las salidas de fondos de varias cuentas de Aizoon corrían a cargo de la hija del Rey para sus gastos personales, diligencia que permitirá determinar el destino exacto que se dio a los fondos de la empresa, y más en concreto si éstos fueron a parar a las obras de rehabilitación del conocido como palacete de Pedralbes o a otras atenciones personales y familiares de la hija del Rey.
Las pesquisas van asimismo encaminadas a averiguar si la Duquesa defraudó a la Agencia Tributaria al facturar a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF. De hecho, la Audiencia Provincial sostiene que si Aizoon estaba participada al 50 por ciento por la Infanta, no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, no se entiende que sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin).
Al respecto, la Audiencia, en el auto por el que dejaba las puertas abiertas a que la Infanta fuese investigada por presunto delito fiscal o de blanqueo, señalaba que ésta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".
