El Pleno del Congreso aprobará este jueves de forma definitiva el proyecto de ley de Control de la Deuda Comercial, con la que se pretende erradicar la morosidad de las administraciones públicas y que, a su paso por el Senado, se ha aprovechado también para devolver a los funcionarios públicos uno de sus días de asuntos propios, los conocidos como 'moscosos'.
Una vez que se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las administraciones autonómicas estarán obligadas a publicar su periodo medio de pago (PMP) a los proveedores para que los ciudadanos puedan saber cuáles satisfacen sus deudas en el plazo previsto y cuáles son morosas.
Además, se introduce un mecanismo coercitivo automático ante los incumplimientos de estos compromisos a través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso el pago directo de la factura por el Estado, que luego detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el sistema de financiación.
Por otro lado, el incumplimiento de obligaciones financieras por parte de las administraciones públicas que provoque no sólo el incumplimiento de los compromisos de España con Bruselas, sino cualquiera contenido en tratados o convenios internacional, conllevará el reparto de ese coste entre los responsables. Lo mismo sucederá si el incumplimiento provoca una condena a España por parte de tribunales internacionales u órganos arbitrales.
SUPERÁVIT UTILIZABLE
Pero, además, en la Cámara Alta se han incorporado algunas modificaciones a propuesta del PP, como por ejemplo permitir "excepcionalmente" que las entidades locales que cumplan los límites que fije la legislación de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento puedan aplicar los remanentes o el superávit disponible en 2014, al no haberlo podido hacer en 2013 debido a la tramitación parlamentaria.
Asimismo, se permite a los ayuntamientos que en 2014 también puedan destinar el remanente de Tesorería a cancelar el resto de obligaciones pendientes con sus proveedores.
Además, el Gobierno ha aprovechado la tramitación de esta normativa para devolver a los empleados públicos uno de los 'moscosos', que podrán utilizar ya desde el momento en que entre en vigor la ley tras su publicación en el BOE. Con este cambio, los funcionarios dispondrán de cuatro días de asuntos propios en lugar de tres.
Cuando el Congreso ratifique mañana estas enmiendas introducidas en el Senado, la ley se enviará al BOE para su publicación y entrada en vigor.
