El Gobierno vasco ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la Ley estatal 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior por "grave intromisión competencial". El Ejecutivo autonómico considera que es "unificadora" y "controladora" hasta el punto de "pretender cercenar gravemente las competencias vascas en materia de acción exterior reconocidas en el Estatuto de Gernika".
El Gobierno que dirige Iñigo Urkullu considera "inadmisible" e "injustificable" el "control político" que pretende ejercer el Gobierno español sobre "la capacidad de decisión" de las comunidades autónomas para abrir "las oficinas que deseen oportunas en el exterior".
"La ley española establece, entre otras, la obligación de comunicar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación la intención de apertura de oficinas en el exterior para que éstas sean revisadas y valoradas por parte de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su caso, del de Economía y Competitividad", ha explicado.
Además, el Ejecutivo vasco considera inconstitucional "el mecanismo de autorización previa impuesto" por la Ley de la Acción y del Servicio Exterior. En este sentido, ha apuntado que la norma pretende "limitar las acciones de las comunidades autónomas en el exterior no incluidas en la Estrategia de Acción Exterior aprobada por el Gobierno español".
A juicio de los responsables autonómicos, esta ley "confunde" los conceptos de 'Política Exterior' y 'Acción Exterior', de manera que "obvia la capacidad de Euskadi para actuar en materia de proyección internacional". Según censura, "la confusión entre ambos conceptos es tal, que la ley española llega a atribuir al Consejo de Política Exterior (órgano que asesora al presidente del Gobierno español en materia de política exterior) el control de las actuaciones de las comunidades autónomas en este campo".
Asimismo, ha señalado que la ley "se excede en la capacidad coordinadora" que atribuye al Estado y, de este modo, "limita la autonomía" de las comunidades para planificar y regular sus acciones en materia exterior.
COMISIÓN BILATERAL
En función de lo establecido el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Gobierno vasco propondrá, de manera previa a la interposición del recurso, negociar durante seis meses en la Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco los artículos de esta ley que considera "invaden las competencias" vascas.
En concreto, los puntos que tiene previsto recurrir son los apartados 1 y 2 a) y b) del artículo 1; los apartados 1 y 2 a), b) y c) del artículo 3; los apartados 2 y 3 del artículo 5; los apartados 2 y 3 del artículo 6; el artículo 11; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12; el artículo 13,1,; el artículo 14,1; el artículo 20; el artículo 34; y el artículo 35.
También serán objeto de este recurso los apartados 1 y 3 del artículo 37, el apartado segundo del artículo 38, la disposición adicional primera, la disposición adicional segunda y el apartado dos de la disposición final segunda.
Según ha recordado el Gobierno vasco, los dos ejecutivos están negociando otras cuatro leyes en el Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco, la de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la de Evaluación Ambiental, la de Garantía de la Unidad de Mercado y la de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social
En lo que va de legislatura, esta comisión ha llegado a un total de siete acuerdos, que han "evitado acudir al Tribunal Constitucional", con acuerdos parciales referentes al Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo y al Real Decreto-ley 16/2012 en materia de salud.
Los otros acuerdos alcanzados afectan a la ley vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, la ley vasca contra el Dopaje, la ley de Cajas de Ahorro de Euskadi, la ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas, y la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
