El Defensor del Pueblo vasco, Iñigo Lamarca, ha defendido que el Gobierno central debería "reactivar" la denominada 'vía Nanclares' porque "ha dado muy buenos frutos y es muy válida para todos los presos". Asimismo, ha subrayado que los reclusos de ETA "deben liberarse de la doble cárcel que supone el afán de ETA por controlarlos".
En una entrevista, el Defensor del Pueblo en Euskadi remarca además que "sería algo nefasto" el que ETA continuara como una organización civil y subraya que el "relato final debe ser lo más compartido posible y estar unido a todas las víctimas".
Tras recordar que "hasta el peor de los criminales" tiene sus derechos, Lamarca incide en que "la grandeza del Estado democrático es que, por encima de los sentimientos legítimos y justos, están las leyes". "Siempre he demandado que habría que proceder al acercamiento de los presos a cárceles vascas o próximas al País Vasco", manifiesta.
En este sentido, reconoce que esto "no es un derecho subjetivo", pero es "un principio que está en el ordenamiento penitenciario y además muy ligado con un principio constitucional clave: la reinserción social de los presos".
Asimismo, valora el que "algunos presos de la denominada 'vía Nanclares' hayan dado muestras de "haber evolucionado" y "hecho una labor consigo mismos que les ha llevado a reconocer que lo que hicieron estuvo mal y a pedir perdón, o por lo menos mostrar esa actitud a la víctima".
"El Gobierno debería reactivar la 'vía Nanclares' porque ha dado muy buenos frutos y es muy válida para todos los presos. Asimismo, habría que hacer un llamamiento a cada uno de ellos para que hagan uso de su libertad individual y se liberen de la segunda cárcel que supone el afán de ETA de controlar a su gente", manifiesta.
También reconoce que sería "nefasto" que ETA continuara como organización civil, ya que ha sido y "es una organización terrorista que ha atentado gravísimamente contra derechos fundamentales básicos como la vida, la libertad, la dignidad y la integridad física y moral".
Por último, cree que el relato final debiera ser "lo más compartido posible a nivel político y social y estar íntimamente unido al derecho a la memoria que tienen todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos".
