La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que los "cálculos electorales" no son el motivo de que el PP haya planteado una modificación de la ley electoral que prime como futuro alcalde al candidato de la lista más votada.
Este "debate" que quiere abrir el Partido Popular "se hace desde un punto de vista no de un cálculo electoral de lo que pueda pasar en un ayuntamiento u otro, sino del fortalecimiento de la democracia", ha declarado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En el mismo sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que si el motivo fuese favorecer al PP en futuras elecciones, eso "quitaría legitimidad" a la iniciativa. "Es una medida de regeneración democrática, de facilitar la transparencia y la aproximación entre los ciudadanos y sus representantes, más allá de que beneficie o perjudique al partido que sustenta al Gobierno", ha explicado.
La vicepresidenta ha destacado que el sistema que propone el PP permite que el alcalde, "el responsable político y administrativo más cercano al ciudadano, sea elegido directamente por los vecinos", para de esa manera promover "el respeto a la voluntad del vecino y de las mayorías".
EL GOBIERNO ABRIÓ EL DEBATE CON DOS LEYES
Sáenz de Santamaría ha señalado que, en reuniones mantenidas en el Congreso, distintos grupos parlamentarios "plantearon la necesidad de abordar asuntos relativos al sistema electoral" y, en este contexto, el PP "ha planteado la necesidad de abrir un debate sobre la elección de alcaldes", la cual, según la Constitución, puede hacerse de forma directa o indirecta.
"Igual que el Gobierno abrió el debate" de la regeneración democrática con el proyecto de ley orgánica de Control de la Actividad Económico Financiera de los Partidos Políticos y con el de la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, "los grupos políticos y los partidos pueden plantear los debates que estimen oportunos", ha manifestado.
Eso sí, si la reforma se materializa mediante un proyecto de ley del Gobierno, requiere remitir previamente un anteproyecto al Consejo de Estado y otros órganos consultivos para que se pronuncien formalmente. En cambio, si se presenta como proposición de ley del PP, ya no hay necesidad de informes y la tramitación es mucho más rápida.
Además, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que otros partidos iniciaron este debate en el pasado, por ejemplo el PSOE. "No estamos planteando nada que sea una novedad", ha agregado, destacando además que la elección directa de alcaldes es un sistema que funciona en países como Italia, Francia o Alemania.
