El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado dictar el ingreso en prisión incondicional y sin fianza del expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato como solicitó el pasado viernes la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD). En un auto hecho público este lunes, el juez reprocha, además, que el partido busque "la obtención de notoriedad" al formular esta petición.

Andreu responde al partido que la búsqueda de "la ejemplaridad, el escarmiento, la eficacia o la tranquilidad social" no pueden perseguirse "mediante la adopción de medidas cautelares, cuyos fines no pueden ser los de anticipar el cumplimiento de una hipotética condena, ni menos aún la obtención de notoriedad por parte de quien interesa del juez que se adopten estas medidas".

UPyD, personado como acusación popular en la causa en la que el juez investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, consideraba que la medida era procedente por la existencia de riesgo de huida y de destrucción de pruebas dado que Rato cuenta con "un importante patrimonio en el extranjero".

No obstante, el juez precisa que la gravedad que los delitos que se imputan a Rato, societarios y relativos al mercado y los consumidores, no puede amparar, por si sola, "la adopción de una medida tan excepcional como la de prisión preventiva".

Descarta que exista riesgo de fuga, de obstrucción a la acción de la justicia o de reiteración delictiva y especifica que Rato ha estado a disposición del Juzgado en toda ocasión en que ha sido llamado, "cumpliendo todas y cada una de las obligaciones procesales que la ley impone a los procesados". "Las alegaciones no pasan de ser meras hipótesis (...) construidas sobre bases o fundamentos no acreditados de forma suficiente", agrega.

El escrito añade que, en esta fase del procedimiento, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia y reprocha a la acusación "lo improcedente de su solicitud" ya que no reclamó la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la ley procesal, requisito indispensable para pedir que se modifiquen las medidas cautelares contra los imputados.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE MÁS DE 4.000 MILLONES

El magistrado también rechaza la petición de la formación de que impusiera una fianza solidaria de 4.112 millones de euros para todos los imputados en la causa. Andreu considera que tampoco es procedente estimar esta solicitud por cuanto, "como ya ha puesto de manifiesto en más de una ocasión" --dice-- UPyD, en su condición de acusación popular, al no ser perjudicada por la comisión de los hechos "carece de legitimación para solicitar esta medida".

También reprocha a la acusación "lo improcedente de su solicitud" ya que no reclamó la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la ley procesal, requisito indispensable para pedir que se modifiquen las medidas cautelares contra los imputados.

En el escrito presentado ante el juez, UPyD destacaba que existe un "ingente acervo indiciario" acumulado contra el expresidente de Bankia y su participación en delitos sancionados con penas graves de prisión, en algunos casos superiores a los seis años.

Mencionaba, además, que "los sucesivos viajes de Rato a Suiza en las últimas fechas" hacen temer el difícil control e incautación judicial de su patrimonio en el extranjero. "En la tarde del miércoles 26 de noviembre, hace 15 días, se pudo ver al expresidente de Bankia esperar frente a la puerta número D21 del Aeropuerto de Ginebra", dice la formación.

Apuntaba que este viaje no es el primero que realizaba a Suiza desde que se encuentra imputado pues también fue sorprendido en un avión procedente de Ginebra el 23 de octubre de 2014, el día siguiente de que depositara un aval del banco Sabadell para hacer frente a la fianza de tres millones de euros impuesta por Andreu en la pieza en la que investiga el uso de tarjetas opacas al fisco por parte de 86 directivos y consejeros del banco.

UPyD realizó su petición después del reciente informe de los peritos del Banco de España que determinaron que las cuentas anuales de 2011 que Bankia aprobó en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rato, y las que reformuló en mayo de ese año, ya con José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad, "no expresaban la imagen fiel" del banco.

El informe señalaba que tanto en las cuentas de Rato, que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros, como en las de Goirigolzarri, que apuntaban a unas pérdidas de 2.979 millones, existían "ajustes de importancia material no contabilizados".