El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella de la empresa DIS, que tenía parte de los derechos de Neymar de Silva, contra este jugador y el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del brasileño.

La querella se dirige también contra el Fútbol Club Barcelona, su expresidente Sandro Rosell, el padre de Neymar y su empresa N&N, el club brasileño Santos FC y sus exdirectivos Luis Álvaro de Oliveira y Odilio Rodríguez.

En el auto de admisión a trámite, el juez pide al Real Madrid, al Chelsea, al Bayern de Múnich y al Manchester City las ofertas que enviaron estos clubes entre 2009 y 2013 al Santos, a Neymar o a sus representantes, entre ellos su padre.

Sin embargo, atendiendo al criterio del fiscal, el magistrado entiende que "no es urgente y necesario por ahora citar a los querellados para tomarles declaración en calidad de imputados, sin perjuicio de que pueden personarse en las actuaciones".

El fondo de inversiones brasileño DIS ya intentó, sin éxito, personarse en la causa que instruía la Audiencia Nacional sobre el fichaje de Neymar, que se ha trasladado a los juzgados de Barcelona, y ahora ha presentado una nueva querella, porque se considera estafada por el fichaje.

Los delitos concretos por los que se querella contra esas seis personas, los dos clubes de fútbol y la empresa de Neymar son el de corrupción entre particulares y el de estafa en su modalidad de contrato simulado.

A DIS le correspondía un 40 % del dinero que pagara el Barcelona al Santos por los derechos federativos del jugador, pero solo percibió ese porcentaje de los 17,1 millones que el club dijo haber abonado por el brasileño, cuando el fichaje le costó, según se desprende de las investigaciones de la Audiencia Nacional, un total de 83,3 millones.

40 de esos millones los cobró Neymar por aceptar fichar por el Barça mediante un contrato simulado, un hecho que, según el juez, "podría haber alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas y perjudicado también al querellante" al no haber podido DIS percibir más dinero por ofertas de otros clubes, lo que se encuadraría en un delito de corrupción entre particulares.

El delito de estafa por simulación contractual sería por el resto de contratos falsos que sirvieron para pagar el sobrecoste que supuso adelantar un año el fichaje, unos contratos que, según el juez, "pretendían disfrazar lo que en realidad era el pago por la trasmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad".

En su auto, el juez explica por qué estos hechos deben ser investigados en la Audiencia Nacional y llega a la conclusión de que el delito de estafa se ha cometido fuera del territorio nacional, y alguno de los criminalmente responsables son españoles.

El juez destaca que el importe oficial del traspaso (17,1 millones) se ingresó en la cuenta del Santos en Brasil, el porcentaje que correspondía a DIS se transfirió en Brasil, y los importes de los contratos simulados se ingresaron también en Brasil, por lo que "el desplazamiento patrimonial se produjo en Brasil".

Del mismo modo, el perjuicio, según De la Mata, también se produjo en Brasil, ya que fue causado a una sociedad que tiene su domicilio social en ese país.

En la otra causa sobre Neymar que investigó la Audiencia Nacional se consideró, en cambio, que la competencia es de los juzgados catalanes, puesto que se centra en delitos fiscales cometidos en España.

Ese procedimiento, sobre el que hay dictada apertura de juicio, también se dirige contra Bartomeu, Rosell y el Barça por delitos fiscales, de apropiación indebida y societarios.

Por estos hechos, la Fiscalía ha pedido 2 años y 3 meses de cárcel para Bartomeu y 7 años y 6 meses para Rosell, así como multas de 3,8 millones y 25,1 millones de euros, respectivamente, y que el club pagara a Hacienda 11,4 millones en concepto de indemnización y una multa de 22,2 millones.