El Pleno del Congreso de los Diputados ratificará esta semana el proyecto de Ley de Voluntariado, una norma que impide que las personas que han sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, terrorismo o violencia de género, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas no puedan ser voluntarias.
Este proyecto de ley fue aprobado en el Senado a finales de julio y ha tenido que regresar al Congreso para su aprobación definitiva al haberse aprobado en la Cámara Alta una enmienda de carácter técnico.
La ley salió adelante en el Senado con el único voto a favor del PP. El PSOE se abstuvo, y el resto de grupos parlamentarios votaron en contra (CiU, PNV, ERC y Entesa).
NOVEDADES DE LA LEY
En España hay seis millones de voluntarios; es el sexto país de la UE en número de voluntarios. Con su puesta en marcha, los menores de 16 pueden participar de las actividades de voluntariado si cuentan con autorización paterna, y siempre y cuando no intercepte su desarrollo educativo.
Además, se amplía la promoción de medidas de reducción de jornada o la posibilidad de adaptación de la jornada laboral para la acción del voluntariado, siempre que haya acuerdo con la negociación colectiva.
No obstante, sí se ha aprobado una enmienda transaccional alcanzada entre PP, CiU, PNV e IU, que amplía y mejora de tres a seis meses los plazos para que los voluntarios sanitarios puedan participar en emergencias humanitarias.
En concreto, se ha aprobado la posibilidad de que el personal sanitario pueda disfrutar de un permiso para participar en emergencias humanitarias, que tendrá la condición de retribuido o no retribuido parcialmente, tal y como se permite en la Ley del Estatuto Marco de los servicios de salud. Además, durante la vigencia del permiso podrá mantener la reserva de la plaza y se le considerará en situación de servicio activo.
CAUTELA CON LOS CONDENADOS
En defensa de las nuevas medidas de la ley, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales, Alfonso Alonso, argumentó que iba a establecer "por cautela" que para determinados programas de voluntariado no podrían participar personas que hubieran sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores.
Así, estos colectivos no podrán ser voluntarios en los programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos, una circunstancia que se acreditará mediante una declaración "responsable" de no tener antecedentes penales por estos delitos.
Este proyecto de ley establece, en otros casos, que tampoco puedan tener la condición de personas voluntarias aquellas personas que hayan cometido delitos especialmente graves.
En el resto de supuestos, las entidades de voluntariado deberán valorar si la existencia de antecedentes penales no cancelados impide la incorporación a la entidad o justifica la suspensión de la actividad de la persona voluntaria.
MÁS MEDIDAS DE LA LEY
Esta ley fue aprobada en el Congreso en el mes de junio con el apoyo del PP y de UPyD. Contó con el voto en contra de CiU y PNV, y la abstención de PSOE, la Izquierda Plural y ERC.
Entre otras novedades, las entidades de voluntariado podrán desarrollar programas de voluntariado en los que se contemplen los objetivos de reinserción de personas con antecedentes penales no caducados a través de la acción voluntaria. En este caso, la entidad reflejará en el propio programa de voluntariado las características especiales del mismo.
En cuanto a las actuaciones de voluntariado de las empresas, éstas podrán llevarse a cabo mediante la incorporación de los trabajadores que decidan participar libre y voluntariamente como personas voluntarias en programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración con la empresa. Reglamentariamente se establecerán las especialidades pertinentes a efectos de fomentar y facilitar que las pymes promuevan y participen en programas de voluntariado.
Además, en la ley se hace una "llamada" a las empresas y administraciones públicas a propiciar mecanismos de adaptación del tiempo de trabajo que permitan las labores de voluntariado, de acuerdo con lo establecido en la negociación colectiva.
