El exvicepresidente de la Generalitat José Císcar encargó a un detective privado en enero de 2012, poco después de acceder al cargo, un informe técnico para conocer si había dispositivos de escucha instalados en el Palau de Valeriola, sede de la Vicepresidencia, según ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la sesión de Control en las Corts.
Ante una pregunta de la portavoz del PP, Isabel Bonig, sobre quién coordina la acción del actual Consell en la que ésta ha criticado la "descoordinación" y el "caos" existente, Puig ha asegurado que esta es "una pregunta profundamente atrevida".
Al respecto, ha recordado el caso del 'topo del Palau' durante el gobierno de Alberto Fabra --filtraciones de documentos del área de Presidencia--, que dieron lugar a la instrucción "de un expediente informativo en el que declararon 15 funcionarios por considerarles sospechosos y supuso que un responsable de seguridad del Palau presionara al asesor de prensa del entonces vicepresidente".
Previamente, ha apuntado, se dio "una cuestión que sí que es un espacio de confianza entre miembros del gobierno y es que el vicepresidente, nada más llegar al cargo, encargó a una agencia de detectives un informe sobre dispositivos de escucha en vicepresidencia: eso es confianza entre miembros del gobierno".
El informe --por el que se abonaron cerca de 1.500 euros, según Presidencia-- explica que la inspección de la sede de Vicepresidencia tuvo lugar el 27 de enero de 2012, detalla el material técnico empleado y el trabajo realizado, que consistió, entre otras actividades, en un análisis telefónico, análisis radioeléctrico, detección de cámaras ocultas, inspección ocular, análisis de conductividad sonora de paredes y techos y análisis del sistema informático, con el objetivo de detectar "cualquier sistema de emisión de audio y vídeo", así como cualquier equipo electrónico.
En el caso de las paredes, se midió la conductividad sonora de paredes y mamparas para evaluar la posibilidad de que desde un local contiguo se pudiera escuchar con una sonda, mientras que en los techos se realizó una inspección ocular y se desmontaron algunos tramos para ver el estado del cableado.
Tras esta inspección no se detectó la presencia de ningún dispositivo de escucha, aunque el informe advierte de que en la mayoría de despachos la impresora está conectada en red, con lo que al imprimir si en otro ordenador hay un programa tipo 'snifer' puede ser recibido. Además, apunta que en el despacho del vicepresidente "existe una puerta que da a la escalera, desde cuyo rellano se escucha perfectamente lo que se habla en el interior" y recomienda "verificar la ausencia de objetos extraños, como una grabadora, en dicho punto".
Por otra parte, indica que "en el despacho del portavoz existen unas rejillas" que comunican con el antedespacho y convendría cerrarlas para evitar que se escuchara fuera lo que se dice en él, mientras que en la sala de juntas grande hay un sistema de megafonía inalámbrica que puede ser captado desde el exterior.
Puig ha incidido en que en el Consell actual "hay coordinación, se actúa en beneficio de los ciudadanos" y ha instado a Bonig a que les diga "alguna cosa positiva" para mejorar porque están dispuestos a mejorar, conscientes de que no están "bendecidos por esa sensación de que todo lo que hacemos está bien".
"UN VERDADERO DESASTRE"
Por su parte, Bonig ha acusado al Consell de ser "un verdadero desastre, perjudicial para los intereses de los valencianos y también para los alcaldes". A su juicio, está "absolutamente desnortado, falto de actividad y sectario", pues "todas las medidas tienen como objetivo enfrentar a unos valencianos con otros" y "no conoce la palabra lealtad institucional".
En este sentido, ha criticado los decretos aprobados que afectan a competencias y presupuestos de las diputaciones, con mención especial a XarxaLlibres, y ha lamentado que "no informa al principal partido de la oposición sobre cuestiones como la política fiscal, además de criticar que "el nuevo modelo se ha convertido en enchufar a todos los familiares".
Ante estas acusaciones, el jefe del Consell ha indicado que "por primera vez en los últimos 20 años el gobierno ocupa la mayor parte del tiempo en dar respuesta a problemas de los ciudadanos y no a problemas judiciales de los miembros de su Consell". Asimismo, se ha referido a los "innumerables agujeros" encontrados, entre los que ha citado los "60 millones en expedientes de vivienda escondidos en el cajón".
