El Congreso de los Diputados pone fin a su XI Legislatura después de que el Pleno haya convalidado un decreto ley y aprobado 16 iniciativas de los grupos parlamentarios, incluida la tramitación de siete leyes y una comisión de investigación, pero no ha podido ponerlas en marcha. El grueso de las propuestas no tendrán ningún recorrido ante la disolución de las Cortes el próximo 3 de mayo.
Desde el pasado 15 de marzo, cuando la Cámara comenzó a celebrar los Plenos ordinarios, la actividad parlamentaria ha sido muy productiva, y eso pese a que el Gobierno ha rechazado someterse al control de los grupos parlamentarios, por lo que en esta legislatura ni el presidente ni sus ministros han sido examinados por la oposición.
Esta negativa llevó a que todos los grupos parlamentarios, con excepción del PP, aprobaran en el Pleno acudir al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva sobre este conflicto de atribuciones.
Durante este tiempo, el presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, ha comparecido una única vez en el hemiciclo y ha sido para dar cuenta del Consejo Europeo en el que se cerró el acuerdo con Turquía sobre los refugiados.
Los cinco Plenos que se han celebrado en esta legislatura han incluido la convalidación de un decreto ley, el que prorroga las ayudas a los parados de larga duración, y la aprobación de ocho proposiciones no de ley sobre los más diversos temas.
Las iniciativas que han salido adelante abogan por incrementar el Salario Mínimo Interprofesional, reafirmar la unidad de todos los españoles, impulsar la reforma de la financiación autonómica, ratificar el convenio de la OIT sobre las trabajadoras domésticas, evitar la desaparición del sector siderúrgico, recuperar el Pacto de Toledo y liberar los presos políticos de Venezuela.
COMISIONES NON NATAS
Tras cuatro años en los que el PP no permitió siquiera el debate para crear comisiones de investigaciones, en estos 111 días el Pleno del Congreso ha debatido dos, aunque sólo una obtuvo luz verde: se trata de una comisión propuesta por Podemos y aprobada por unanimidad para estudiar las supuestas irregularidades relacionadas con el voto de los españoles en el extranjero. No corrió la misma suerte otra petición del grupo morado, en concreto de su confluencia gallega, En Marea, que reclamaba investigar el accidente ferroviario de Angrois.
El Pleno de la Cámara Baja también innovó acordando impulsar una comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, y otra no legislativa sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia.
De la misma forma, se dio el visto bueno a la creación de una subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo entre el colectivo de menores de 30 años, que echó a andar la pasada legislatura pero no tuvo tiempo de concluir sus trabajos. Sin embargo, ninguno de estos tres nuevos órganos parlamentarios que se aspiraba a crear ha visto la luz, pues no ha dado tiempo siquiera a ponerlos en marcha.
Sí se constituyó, como novedad en esta legislatura, la nueva Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Seguridad Nacional, presidida por María Dolores de Cospedal, pero en su caso no ha celebrado ninguna sesión de trabajo, más allá de elegir a su mesa. Otras comisiones clásicas, como la del Estudio del Problema de las Drogas y la de RTVE, ni siquiera han llegado a acordarse en el Pleno.
Otro de los asuntos a los que el Pleno dio el visto bueno fue al primer dictamen sobre las actividades extraparlamentarias de sus señorías que elaboró la Comisión del Estatuto del Diputado, en el que se emplazaba al exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna a elegir entre su escaño o la empresa de la que aparece como administrador único, Scardovi S.L., por la que está siendo investigado por el presunto cobro de comisiones en el extranjero.
NI DEROGAR LA LOMCE, NI EL ESTATUTO VALENCIANO DE 2011
En este periodo también se han tomado en consideración siete proposiciones de ley que, con la disolución de las Cortes, caerán en saco roto. Se trata de iniciativas que perseguían suspender el calendario de implantación de la LOMCE, impulsar la llamada la Ley 25 de emergencia social, crear un Registro de 'lobbies' en el Congreso, desclasificar los secretos oficiales a los 25 años, modificar el régimen de tasas judiciales y rebajar a los 16 años el derecho de voto.
Tampoco ha visto finalmente la luz, aunque podrá retomarse en la XII legislatura como todas las normas autonómicas que han quedado pendientes, la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que, para más 'inri' se había registrado en la IX Legislatura, concretamente en marzo de 2011.
El texto, que persigue mejorar la financiación de esta comunidad, se aprobó en su momento con la mayoría absoluta del PP en las Cortes Valencianas, pero las reticencias del PP nacional a atender esa reivindicación desde el Gobierno fueron postergando su debate. Cada vez que se incluía en el orden del día del Pleno del Congreso, el Parlamento proponente pedía aplazarlo.
El cambio en la correlación de fuerzas en las Cortes Valencianas y el nuevo gobierno autonómico de PSOE y Compromís permitió llevar por fin el texto al hemiciclo el pasado mes de septiembre. El PP acabó aceptando su tramitación, pero a partir de ahí prórrogas y a la nevera.
El texto quedó vivo para la XI Legislatura, pero hubo que repetir el debate de toma en consideración a principios de abril y no pudo irse más allá. Y lo mismo tendrá que hacer la nueva Cámara, volver a votar si acepta tramitarlo, para ver si, cuatro legislatura después, por fin es aprobado.
SEGUNDO INTENTO PARA EL ESTATUTO CANARIO
La nueva Cámara también heredará --procedente de la legislatura anterior-- una propuesta para reformar el Estatuto Canario que llegó a la Carrera de San Jerónimo en abril de 2015 y que ni siquiera se sometió al debate de toma en consideración.
Se trata del segundo intento de reforma que hace el archipiélago, puesto que esta iniciativa se basa en la frustrada reforma impulsada en 2006, también por CC y socialistas, dentro de la ola de los denominados 'estatutos de segunda generación', que se modificaron durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además de estos dos textos estatutarios, también quedó pendiente de la anterior legislatura una propuesta de reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento asturiano para que basten medio millón de firmas para pedir un referéndum y que éstos sirvan para derogar leyes.
También han vuelto a quedar en el cajón una proposición de ley de las Cortes de Aragón para modificar el Código Civil, otra de Murcia sobre autoconsumo eléctrico y una balear de apoyo a emprendedores. En la corta XI Legislatura sólo llegó al Congreso una norma autonómica, concretamente procedente de Galicia para la transferencia a esta comunidad de la AP-9, que se pondrá a la cola cuando arranque la siguiente.
Al igual que las propuestas procedentes de Parlamentos autonómicos también sobreviven a las legislaturas las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) impulsadas por los ciudadanos. Las nuevas Cortes tendrán que ocuparse de cinco de estos textos (tres heredados de las anteriores y presentados este año) que versan sobre temas tan diversos como la dependencia, la custodia compartida, la implantación de un ingreso mínimo vital, la eliminación de privilegios de los políticos o la dación en pago.
