Los centros penitenciarios de Andalucía, Ceuta y Melilla acogen, a final de 2015, a un total de 15.337 internos, la mayoría en Sevilla, con 2.946, El Puerto de Santa María (Cádiz), con 2.579, Granada, con 1.855, y Málaga, con 1.624, según consta en la Memoria anual de actividades del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado año, presentada recientemente por su presidente, Lorenzo del Río.
Los 13 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria bajo la jurisdicción del TSJA ingresaron el pasado año un total de 55.694 asuntos --un uno por ciento menos que en 2014-- y resolvieron 55.688 --un tres por ciento más--. El mayor número de ingresos tuvo lugar en Sevilla y El Puerto de Santa María, con un total de 13.380 y 8.114 asuntos registrados respectivamente.
Por materias, y según los datos consultados por Europa Press, de los 55.694 registros en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en 2015, el 23 por ciento correspondieron a trabajos en beneficio de la comunidad, el 33 por ciento a permisos de salida, las medidas coercitivas y libertad condicional el 6 por ciento, incumplimientos en el plan de trabajos en beneficios de la comunidad el 1 por ciento; la refundición de condena, el 5 por ciento, y recursos contra sanciones disciplinarias abarcaron el 5 por ciento.
De los permisos de salida solicitados, el 60 por ciento fueron a petición del centro penitenciario. De las 4.042 solicitudes de libertad condicional, el 5 por ciento fue anticipada. Además, los beneficios penitenciarios hicieron referencia a redenciones extraordinarias en un 67 por ciento de los casos.
Según el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, la carga de trabajo en vigor para los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se sitúa en una horquilla de 4.766 a 5.708 expedientes. Según esta referencia, Sevilla, El Puerto y Huelva sobrepasan la cantidad máxima establecida por amplio margen, 13.380 y 8.114 y 6.051 respectivamente.
El alto Tribunal andaluz llama la atención en su memoria de "la escasa carga de trabajo" que existe en la Ciudad Autónoma de Ceuta para optimizar y justificar un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, con carácter único y especializado, servido por un magistrado en régimen de exclusividad.
"Lo lógico" sería, según propone, que otro magistrado compartiera y asumiera las funciones de Vigilancia Penitenciaria, "tal y como sucede en la Ciudad Autónoma de Melilla", lo que haría posible "la transformación de ese órgano judicial en otro de jurisdicción mixta, con posibilidad incluso de especialización y separación de jurisdicciones".
