Un perito que ha sido interrogado este miércoles en el marco del juicio del caso Nóos ha concluido este miércoles que la Fundación Madrid 16, que pagó un total de 140.000 euros a la entidad considerada sucesora del Instituto Nóos (la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social), no está sujeta al derecho pública, lo que determinaría que no se produjo un desvío de fondos del Ayuntamiento de Madrid con el abono de los anteriores fondos.
Durante su comparecencia ante el tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados de la causa, el experto ha incidido en el carácter privado de la entidad madrileña puesto que ésta fue creada al margen de la asignación presupuestaria del Consistorio madrileño.
"No estamos ante una fundación pública estatal como lo puede ser Renfe, sino que se regula por la legislación de régimen local", ha recalcado el perito, subrayando que sus actividades son lucrativas y de ámbito mercantil y no pueden por tanto ser consideradas funciones de interés general.
Las pesquisas apuntan a que la fundación madrileña concedió los 140.000 euros a la FDCIS -que según los investigadores fue utilizada para desviar dinero al extranjero- sin haber justificado a qué servicios correspondían. Una cantidad que, en concreto, fue abonada en 18 donaciones de 6.000 a 12.000 euros transferidos mensualmente entre el 31 de octubre de 2007 y el 24 de noviembre de 2009.
Se trata de unos hechos por los que se encuentra acusada en el juicio del caso Nóos la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.
