El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina catalana Antifraude tendrán que explicar el miércoles la conversación grabada que mantuvieron en el Ministerio, dentro de la comisión del Congreso que investiga el supuesto uso de medios policiales para perseguir a independentistas.

Será la tercera reunión de la comisión desde su constitución el 9 de marzo y la primera en la que los grupos políticos escucharán las explicaciones de Fernández Díaz y De Alfonso, después de acordar por unanimidad que ambos fueran citados.

De hecho, la comisión de investigación, impulsada por el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos y apoyada por Podemos y Ciudadanos, nace después de que se destaparan en julio las conversaciones entre ambos dirigentes en las que hablan de posibles investigaciones a dirigentes de CDC o ERC implicados en el proceso soberanista y de posteriores filtraciones a la prensa.

Cada uno tendrá inicialmente diez minutos para intervenir, lo que dará paso a un turno de otros quince minutos por cada grupo en el que los partidos preguntarán a los comparecientes. Tras estos interrogatorios por separado, Fernández Díaz y De Alfonso dispondrán de cinco minutos finales.

El pasado viernes, la comisión despejó las dudas sobre la obligación legal de comparecer de De Alfonso abiertas por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que, en un escrito al Congreso, advirtió, en virtud del artículo 399 de Ley Orgánica del Poder Judicial que los magistrados no están obligados a comparecer ante "autoridades civiles y militares" por asuntos que no se refieran al ejercicio de su cargo.

Un precepto legal que choca con el artículo 76.2 de la Constitución -obliga a comparecer en comisión de investigación- y con la propia Ley Orgánica que regula este tipo de comisiones.

Hasta el momento, la comisión ha aceptado las solicitudes de distintos grupos de aportar la grabación de dicha conversación, así como la investigación posterior encargada por Fernández Díaz después de que se hiciera pública, en tanto que ha rechazado estudiar documentos de algunos casos judicializados, como el del ático del expresidente madrileño Ignacio González.

Con todo, hasta finales de este mes la comisión podrá solicitar más documentación y el día 18 decidirá el resto de personas que deberán comparecer, lo que harían ya en mayo.