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'El Bigotes' pide un careo con Vicente Rambla

El juez ha esperado a tomar una decisión hasta conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción

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  • El Bigotes, Crespo y Correa. -

El abogado del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' ha pedido este jueves en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano un careo con el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por la "contradicción" en las declaraciones de ambos.

El abogado de Pérez, Javier Vasallo, ha hecho esta solicitud al titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, de forma expresa, al inicio de la vista oral. "Es una prueba pertinente, útil y necesario", ha dicho el letrado, quien ha comunicado que también ha formulado esta petición a través del sistema de comunicaciones LexNet.

El juez ha esperado a tomar una decisión hasta conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal Myriam Segura ha pedido informar al respecto después de un receso, ya que, según ha dicho, necesita saber cuál es el objeto de este careo.


Por su parte la defensa de Rambla, Carlos Gómez-Taylor, ha afirmado que esta diligencia sería "más propia de la instrucción" por lo que no encuentra su pertinencia a que se realice durante el juicio oral. Ha recalcado que su cliente sí que contestó este miércoles a todas las preguntas que hicieron las acusaciones y defensas, "incluso a la de Pérez"; algo que no ocurrió durante la declaración de 'El Bigotes'.

OPINIÓN DE LAS ACUSACIONES Y DEFENSAS

"Si algún extremo quedaba por aclarar, lo podía haber hecho a través de su letrado", ha añadido Gómez-Taylor. A esta argumentación se han adherido tanto el abogado del 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, como el abogado del Estado, Edmundo Bal, quienes han destacado que están llamados a declarar como testigos personas cuyos nombres han aparecido en las declaraciones.

Se trata del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps; la jefa de Gabinete de éste, Ana Michavila; la de prensa, Nuria Romeral o los exvicepresidentes regionales Juan Cotino y Gerardo Camps. En este sentido, el abogado del Estado ha dicho que el careo "no va a aportar ningún conocimiento relevante".

Sin embargo, las defensas del 'número dos' de la red corrupta, Pablo Crespo, y del exsecretario general del PP de la Comunidad Valencina Ricardo Costa y la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano se han adherido a la petición de Vasallo para que se produzca el careo. "No perjudica a nadie", ha recalcado Miguel Durán, abogado de Crespo.

DECLARACIONES DE 'EL BIGOTES' Y RAMBLA

Álvaro Pérez 'El Bigotes', que se enfrenta a 27 años de prisión, aseguró el pasado viernes 19 de enero que la persona que estableció el sistema de financiación ilegal en el PP valenciano fue Francisco Camps. Aseguró que era la persona que decidió que la empresa vinculada con la trama Gürtel Orange Market girase facturas falsas a "determinados empresarios" para cobrar los actos electorales en las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 que realizó.

Esta declaración fue corroborada este miércoles por el propio Costa -para el que Fiscalía pide siete años y nueve meses de cárcel--, quien confesó que la formación política regional se financió con "dinero en negro" por orden de Costa y del exvicepresidente de la Comunidad Valenciana y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

Es más, precisó que una vez mandó a Pérez a que acudiese a la Vicepresidencia del Gobierno regional, dirigida entonces por Rambla, para recoger dinero que tenía el partido disponible para saldar parte de su deuda con la mercantil.

Sin embargo, Rambla se pronunció en un sentido discordante a estas dos personas y ha sido el primer acusado en este juicio que no ha reconocido los hechos de acusación y por los que le piden seis años y medio de cárcel. El que fue 'número dos' de Camps en el gobierno se desvinculó de cualquier pago y de los asuntos económicos relacionados con las campañas de 2007, que él coordinó, y negó tener conocimiento de la orden para que que los actos electorales fuesen sufragados por empresarios.

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