¿Perdón? El 34% de los asesinatos de ETA siguen impunes

Con ETA reconociendo "el daño causado" y en vísperas de lo que puede ser su disolución, las asociaciones de víctimas insisten en pedir que se esclarezcan los 297 asesinatos cometidos por la banda terrorista que, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguen sin resolverse y que representan el 34 por ciento de todas sus víctimas.

En febrero de este año dos grandes camiones viajaron a España desde París cargados con más de quinientas armas incautadas a ETA por las fuerzas de seguridad francesas, así como toneladas de documentos fruto de las investigaciones policiales y judiciales.

Hay muchas esperanzas depositadas en que el análisis de ese material por parte de la policía científica y los expertos en la lucha antiterrorista permita evidencias y nuevas líneas de investigación para dar respuesta a las familias de casi 300 víctimas de la banda que siguen sin saber quienes fueron los asesinos de sus seres queridos.

No ocurrió igual con las armas entregadas por ETA en abril de 2017 cuando reveló el paradero de varios zulos en Francia, ya que los investigadores dieron siempre por hecho que estarían "limpias" de pruebas.

Las fuerzas de seguridad siguen buscando evidencias de casos sin resolver y, a instancias de las asociaciones de víctimas, la Fiscalía revisa pormenorizadamente desde 2011 la situación de las causas penales sobre víctimas de ETA, lo que ha permitido reabrir una veintena de casos tratando de evitar la prescripción de los delitos y la impunidad para sus autores.

El Ministerio Público cifra en 224 los atentados de los que se desconoce alguno de implicados, bien como responsables directos o como colaboradores, y que supusieron la muerte de 297 personas.

Por su parte, la asociación de víctimas "Dignidad y Justicia" eleva ese número a 379 asesinatos sin resolver en un informe presentado el año pasado en el Parlamento Europeo y que supondría el 44 por ciento de las 864 víctimas mortales de ETA.

La dificultad estriba en que 128 de esos atentados se produjeron, según los datos de la Fiscalía, entre 1978 y 1982, los denominados "años de plomo", desde los que han transcurrido ya casi cuatro décadas.

Las propias víctimas reconocen que, pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y los fiscales, la única forma de que se produzcan avances significativos en el esclarecimiento de esos crímenes es que la propia ETA colabore.

En esa línea, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, reaccionaba ayer al comunicado de ETA en el que decía lamentar "de veras" el daño causado a las víctimas, pidiendo a la banda terrorista que, "más que hablar por hablar", aporte pruebas e identifique autores como única forma de resarcir a las personas asesinadas y a sus familias.

La banda terrorista, en la "nota explicativa" a su comunicado sobre las víctimas, se refería a su manera a este asunto, aunque partiendo de la afirmación de que siempre ha reivindicado todas las acciones que ha realizado y que la militancia de la banda ha asumido la responsabilidad colectiva; "ETA ya ha aclarado qué es lo que ha hecho".

Más bien lo que pretenden investigar los terroristas son otras acciones violentas que sostienen que "nadie ha asumido, nadie ha esclarecido" y ofrecen para ello a quienes estén dispuestos a sacar a la luz toda la verdad que "quienes hayan militado en ETA, en la medida de sus posibilidades y con responsabilidad, estarán dispuestos a realizar su aportación".