Unidos Podemos fue el único grupo que apostó por cargar a las entidades financieras el impuesto de actos jurídicos documentados y eximir al consumidor de hipotecas del mismo, como ahora apuestan todas las formaciones políticas, durante la tramitación del proyecto de ley de crédito inmobiliario en el Congreso.
Y es que el grupo confederal estableció en sus enmiendas que debían ser las entidades financieras las que asumieran el gasto de este impuesto, pero también el resto de gastos relacionados con la formalización de una hipoteca, como la factura de la tasación, los gastos de gestoría y notaría, los del registro de la propiedad o la comisión de apertura.
Ni PP ni PSOE mencionaron este impuesto en sus enmiendas a esta reforma, Ciudadanos pedía indicar en el proyecto de contrato a quién correspondía cada gasto, sin especificar a quién debía corresponderle por ley, y PDeCAT directamente lo atribuía al prestatario, esto es, al consumidor.
Los socialistas reclamaban en su enmienda que se impidiera cualquier gasto o comisión por la apertura del préstamo y que cualquier cláusula que repercutiera al prestatario gastos o comisiones no solicitadas, o que no repercutieran en su interés, fuera declarada nula. Además, atribuía al prestamista todos los gastos referidos a la valoración de posibles garantías o su inscripción en el registro de la propiedad.
Por su parte, el proyecto de ley hipotecaria que el entonces ministro de Economía Luis de Guindos llevó al Congreso únicamente establecía que en los contratos se desglosara la estimación de gastos, pero no a quién debía corresponder el pago de cada uno.
Una falta de definición que ha provocado una litigiosidad a la que varios partidos aludían en sus enmiendas. Por ejemplo, el PNV, que pedía también indicar en el contrato qué gastos correspondían a cada uno, o Esquerra Republicana, que pedía repartir los gastos, "siendo la regla general la asunción de los mismos por el prestamista".
PDECAT TAMBIÉN ESTABLECE UN REPARTO DE GASTOS
Sin embargo, ninguna formación, con las únicas excepciones de Unidos Podemos y PDeCAT, plantearon un reparto explícito de los mismos para fijar por ley qué gastos derivados de la constitución de una hipoteca correspondía a cada parte.
Frente al criterio del grupo confederal de dejar para el prestamista todos los gastos, el PDeCAT aclaraba que tanto el impuesto de actos jurídicos documentados, como el de la escritura y sus gastos de gestión, debían corresponder al consumidor de una hipoteca.
Frente a ello, el prestamista debería asumir las copias que se expidan de las escrituras, los gastos de gestión relativos a la liquidación tributaria y la inscripción en el Registro de la propiedad de la escritura del préstamo.
SE REVIERTE LO ACORDADO EN EL CONGRESO
Ahora, la decisión del Gobierno de liberar al consumidor del pago del impuesto de actos jurídicos documentados, una decisión compartida por PP y Ciudadanos, contradice uno de los acuerdos establecidos en la ponencia que discute la próxima ley hipotecaria.
Y es que, tras conocer que el Tribunal Supremo adoptaría una decisión definitiva sobre a quién debía corresponder el pago de este impuesto, los grupos acordaron esperar a esta decisión para definir, de una vez por todas, a quién debía corresponder cada uno de los gastos en una hipoteca. Este reparto, entre entidad financiera y cliente, se haría en función de la doctrina que estableciera el Tribunal Supremo.
Sin embargo, una vez conocido que el Tribunal se desdecía de su decisión inicial de hacer pagar a la banca, todos los grupos que se han manifestado al respecto han apostado por que no sea el cliente quien lo pague y explicitarlo así por ley. Además, ni siquiera será en la propia ley hipotecaria donde se tramite ese cambio legal, ya que el Gobierno ha decidido aprobarlo a través de un decreto ley, aprobado este jueves.
A partir de ahora, tendrán que ser los grupos los que definan a quién corresponde el pago del resto de los gastos de una hipoteca, durante la tramitación de esta iniciativa, y si finalmente se efectúa un reparto de los mismos. La próxima reunión de la ponencia está prevista para este martes.
