El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado este viernes su apoyo a 15 investigados por los preparativos del 1-O citados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para comunicarles su procesamiento, y ha manifestado que no hay que tener miedo: "Hoy son ellos, mañana seré yo, y pasado mañana puede ser cualquier otro. Sin miedo, adelante con nuestro proyecto".
Torra --que tendrá que declarar el 15 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presunta desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar lazos-- lo ha dicho en una atención a los periodistas en la Ciutat de la Justícia de Barcelona.
Ha criticado que hay "una operación de Estado contra el independentismo" y que los procedimientos judiciales buscan generar miedo para que abandonen el proyecto soberanista, según él.
Y ha declarado que no se rendirán y se ha mostrado convencido de que el pueblo catalán, "con toda su solidaridad y generosidad, contribuirá también a poner el dinero que falta en esta fianza, que es una auténtica barbaridad, es una infamia más de las que acumula este proceso", en referencia a los 5,8 millones de euros que deben pagar solidariamente 17 procesados por presunta malversación.
Antes que él, han acudido a la Ciutat de la Justícia otros dirigentes de JxCat, entre ellos su número dos por Barcelona, Elsa Artadi; el portavoz adjunto del partido en el Parlament, Eduard Pujol, y la exconsellera de Cultura y número dos de la formación en las elecciones generales, Laura Borràs.
PROCESO POR EL 1-O
La tarde de este viernes han tenido que comparecer a partir de las 16 horas 15 procesados en la causa de Instrucción 13 por el 1-O para comunicarles su procesamiento: entre ellos están la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot.
La treintena de procesados son en su mayoría excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont y algunos siguen en la Generalitat, y se les atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y/o prevaricación.
