Familiares de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua han pedido este viernes el apoyo de los partidos navarros frente a lo que consideran "una situación judicial totalmente extraordinaria" y les han reclamado que "hagan todo lo que esté en sus manos para terminar con este sufrimiento", criticando que sus hijos llevan en prisión en algunos más casos más de mil días.
Los familiares han comparecido este viernes en el Parlamento a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos de Izquierda-Ezkerra, antes de que el próximo martes el Tribunal Supremo celebre la vista de los recursos a la sentencia por las que se fijaron penas de entre dos y 13 años de cárcel para los ocho condenados.
Han acudido al Parlamento Bel Pozueta y Amaia Amilibia, madres de dos condenados, Paz Francés, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, y Aritz Leoz, de la plataforma Altsasukoak Aske.
Bel Pozueta ha sostenido que se ha impuesto a los condenados "un castigo ejemplarizante que ha quebrantado todos los parámetros constitucionales" y ha asegurado que "están sufriendo una situación judicial totalmente extraordinaria por una acusación inicial de terrorismo, cuando todos los actores implicados sabían que no se trataba de terrorismo y a pesar de ello han sido tratados como terroristas".
Bel Pozueta ha afirmado que "la Audiencia Nacional les ha absuelto en dos ocasiones de terrorismo, pero es que anteriormente la Audiencia Provincial de Navarra ya solicitaba que se mantuvieran las actuaciones en el juzgado de instrucción de Pamplona". "¿No se ha hecho una clara banalización del concepto de terrorismo?", ha planteado. Las consecuencias están siendo muy graves para nuestros hijos y han sido vulnerados numerosos derechos fundamentales", ha señalado.
Por su parte, Amaia Amilibia, madre de otro de los condenados, ha afirmado que "las consecuencias de esta aplicación totalmente extensiva del concepto de terrorismo está siendo devastadora para nuestra hija y nuestros hijos, han sido vulnerados derechos fundamentales básicos y ahí queremos que, como representantes nuestros, os alcéis", ha dicho a los parlamentarios.
Amaia Amilibia ha considerado vulnerados "el derecho a la libertad provisional, el derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad y al honor, se han publicado fotos y nombres como si fueran terroristas de los ochenta, desde el comienzo han sido calificados como agresores". "¿Se puede reparar de alguna manera este daño que ese provoca? ¿Quién lo va a hacer?", ha cuestionado.
Del mismo modo, ha considerado que se ha vulnerado "el derecho a un juicio justo". "No nos permitieron presentar pruebas, ni testigos, ni diversa documentación. A pesar de estar confirmándose elevadísimas penas de prisión, no ha quedado demostrada ni la autoría ni la participación de nuestros hijos en los hechos. La lesión más grave que lamentablemente ocurrió aquella noche fue la rotura de tobillo de uno de los agentes, pero la lesión según la sentencia fue causada por una única persona no identificada. El resto de lesiones fueron de carácter leve, sin quitarles ninguna importancia", ha indicado.
La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que se ha producido una "desproporción" en este caso y ha considerado que "el primer elemento de esa desproporción es que un tribunal especializado en terrorismo como la Audiencia Nacional estima que no ha existido delito de terrorismo". Barkos ha expresado que existe "una sensación de que hay una aplicación del código penal en función del código postal y ahí es donde estamos concernidos parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara en la búsqueda de proporción para las penas en este y en cualquier otro caso".
El portavoz de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, ha afirmado que UPN, PP y Ciudadanos, integrantes de Navarra Suma, "han mostrado y mostrarán siempre su solidaridad con la Guardia Civil y su apoyo a las personas agradecidas, y tenemos muy claro que no fue una pelea de bar". "Nos resulta muy doloroso que se haya intentado banalizar el asunto por parte de determinados políticos y medios de comunicación", ha afirmado, para señalar que su grupo "no se alegra de las condenas ni de la situación por la que están pasando las familias". Además, ha criticado que "el nacionalismo vasco y la extrema izquierda no desaprovecha una ocasión para desprestigiar la democracia española". "Con esos socios ha elegido gobernar el PSN, buena suerte", ha dicho.
El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que el Partido Socialista ha venido trasladando "la comprensión en lo humano hacia las familias de los encarcelados y ha expresado la solidaridad con los agredidos". "El PSN, desde el principio consideró que no era acertada la calificación como delito terrorista y significamos la importancia que tiene la justicia proporcional e individualizada, pero nos gustaría expresar el respeto absoluto al orden jurídico y constitucional y por tanto el respeto total a las sentencias, incluida la decisión que se tome el día 18", ha destacado.
La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha expresado su "solidaridad y apoyo" a los familiares y ha criticado "las consecuencias del montaje mediático y político" en torno a este caso. "Si algo ha visto la sociedad navarra, y también la sociedad en España y fuera de España, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que pide la lógica es que estos jóvenes queden en libertad", ha señalado.
Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que "nos encontramos ante una aberración jurídica y mantenemos aquello que dijo la Audiencia Provincial de Navarra, este juicio nunca debió salir de Navarra". "Se ha puesto en el punto de mira a la Comunidad foral por unos hechos que ocurren en otras localidades de toda España y no pasa nada, aquí lo que ocurre es que aprovechando el código postal parece que contra Navarra, contra un pueblo, todo vale", ha criticado.
La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha mostrado su "admiración por el tesón y por la templanza" de las familias. "Yo nunca pensé que esto se alargaría tanto, nunca pensé que estos jóvenes seguirían hoy en prisión. El sentido común me decía que se iba a acabar pronto. Nos parecía que la calificación de terrorismo era totalmente desproporcionada y ya lo han dicho los tribunales. El calificativo que se puede aplicar a este proceso es el de la desproporcionalidad", ha afirmado.
