La Plataforma Vecinal de Estepona ha solicitado una reunión con Luis Planas, Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para transmitirle su inquietud acerca de la situación que atraviesan miles de familias en Estepona cuyas viviendas se encuentran en suelo no urbanizable, son los conocidos en el municipio como "campitos". El colectivo estima que 3.500 de estas viviendas podrían ser demolidas a raíz del decreto de la Junta que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, establece vías para la legalización o reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Según las estadísticas de la propia Junta un 10% de las viviendas tendría ser demolida, aunque en el caso de Estepona desconocemos a día de hoy el censo real de campitos puesto que pese a la puesta en marcha de la llamada "Oficina de los campitos" no se conocen los pasos llevados a cabo para la regulación de estas edificaciones, mientras en municipios como la vecina Manilva avanzan a pasos agigantados.
Según el portavoz de la Plataforma Vecinal, Miguel Quirós, a consecuencia del Plan de Ordenamiento Territorial de la Costa del Sol, la mayoría de viviendas en suelo no urbanizable en el municipio, "un 80 por ciento", se encuentran en suelos protegidos medioambientalmente por el POT, por lo que, como consencuencia del decreto andaluz, el delito no estaría prescrito y tendrían que ser demolidas. Como ejemplos, aquellas ubicadas en Cantarranas, Lomas de Esparragal, Los Pedregales, Lomas de Atanasio... Para el colectivo la solución pasaría por impugnar la protección dentro del POT, una opción que ya pidieron en pleno y que, incluso, según apuntan, fue aprobada por unanimidad sin que se conozca si se llevó a término finalmente.
No fueron invitados
El pasado jueves 7 de febrero el regidor popular, José María García Urbano, convocó una reunión para abordar y analizar la oportunidad y posibilidad de acometer los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, que data de 1994. El colectivo vecinal critica no haber sido invitados a dicho encuentro: "queremos un pueblo participativo, donde no se nos engañe y estén representados todos los colectivos sociales, vecinales y agrícolas".
La Plataforma teme que el arquitecto que se encargue de este nuevo PGOU sea Enrique Bardají. Y es que alegan que "anteriormente fue contratado por el ex alcalde Antonio Barrientos para este fin y costó 300 millones de las antiguas pesetas a cargo del erario público municipal, por un proyecto que no se llevó a aprobación por sus innumerables deficiencias técnicas".
Pero no son los únicos que han solicitado una reunión con Planas. A la Plataforma Vecinal de Estepona le seguirán colectivos como SOHA, de Málaga; Víctimas por el Incendio de Mijas, APVI, de Málaga, la Asociación Plataforma Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, de Córdoba, Federación AA.VV. Las Lagunas, de Chiclana; Afotomoque de Marmolejo, Jaén; AUAN, de Almería; ASOCURCA, de Sevilla y la Unidad de Gestión Vecinal Los Puentes, de Jaén. Según datos de la propia Junta de Andalucía, en toda la Comunidad Autonóma hay unas 250.000 viviendas aisladas ubicadas en suelo no urbanizable y 1.000 urbanizaciones.
