Miles de empleados de la Agencia Tributaria se han concentrado este miércoles ante las sedes de las delegaciones especiales para reclamar mejoras laborales y salariales, una protesta a la que ha acompañado la petición de reprobación del secretario de Estado de Hacienda.
Según ha informado UGT, tras las concentraciones en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Galicia -la segunda movilización tras la del 8 de mayo-, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, se reunirá este jueves con los sindicatos.
Los sindicatos reclaman la reactivación del acuerdo para la carrera profesional, un nuevo convenio colectivo, el desarrollo del teletrabajo, revisar el complemento de productividad y mejorar las condiciones laborales del personal de Vigilancia Aduanera.
El responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto, ha asegurado que la directora general está "simulando una predisposición a la negociación", por lo que avanza que reclamará "garantías" antes de levantar el conflicto.
También CCOO plantea dudas sobre el resultado de la reunión de este jueves y recuerda que el objetivo es negociar las condiciones de "todo el personal: el funcionario y el laboral, el antiguo y el nuevo, el fijo a tiempo completo y el fijo discontinuo".
"Tenemos derechos a salarios dignos", coincide CSIF, que advierte de que si el Gobierno no "reacciona" las movilizaciones continuarán durante la fase de atención presencial de la campaña de la renta, que arranca el 3 de junio.
Los sindicatos no descartan ampliar las movilizaciones en plena campaña de la renta e incluso convocar una huelga.
Reprobación del secretario de Estado de Hacienda
En paralelo a las concentraciones, SIAT, CCOO, UGT, CCOO y CIG han registrado un escrito en el Congreso de los Diputados en el que piden la reprobación del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, porque, en su opinión, no cumple con las obligaciones de su cargo.
Los sindicatos acusan a Gascón de "planteamientos abiertamente antisindicales", como negarse a recibir a los sindicatos desde su nombramiento en 2022, mientras mantiene "privilegios" para inspectores -"justificando con cursos fraudulentos la asistencia a congresos"- o algunos delegados, a los que se permite ocupar viviendas públicas.
Esto ha dado lugar a la presentación de dos conflictos colectivos, uno en 2022 -que se retiró tras alcanzarse ciertos compromisos- y otro en 2024 -ante el incumplimiento de estos compromisos-.
