Núñez Feijóo ve “doble salto mortal” en el fin del estado de alarma sin alternativa

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este miércoles que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el próximo día 9 de mayo se pondrá fin al estado de alarma coloca a las comunidades autónomas “ante un doble salto mortal”.

“Estamos ante un doble salto mortal; primero, porque no tenemos información de lo que va a ocurrir a partir del 9 de mayo, y en segundo lugar tampoco tenemos una alternativa jurídicamente sólida para poder seguir gestionando la pandemia”, ha dicho Feijóo durante una visita a las instalaciones de Delta Vigo, en Nigrán (Pontevedra).

El presidente de Galicia, que ha señalado que las comunidades autónomas no han sido consultadas antes de la comparecencia de Sánchez, ha señalado que “es urgente” una conferencia de presidentes autonómicos “para saber exactamente cuál es el manual a partir del 9 de mayo, qué ocurre en ayuntamientos con incidencias elevadas, qué ocurre en ayuntamientos con riesgo alto todavía, y por consiguiente tener una alternativa”.

Feijóo ha recordado que Galicia aprobó en su Parlamento una ley para dar respuesta a la pandemia y que la respuesta del Gobierno ha sido anunciar un recurso de inconstitucionalidad.

“Comprenderán que esto no es el modelo de cogobernanza ni es el modelo de la planificación”, ha dicho.

Por ello ha señalado que le pedirá al Gobierno “de forma inmediata” una reunión en la comisión mixta “para evaluar qué articulo o artículos considera el Gobierno que puedan rozar la Constitución” y tener una “discusión jurídica sólida e institucional entre “un Gobierno central que deja a las comunidades autónomas sin herramientas”, y una comunidad autónoma que sí tiene una herramienta aprobada en su Parlamento para poder gestionar la pandemia tras el 9 de mayo.

Según Feijóo, a partir ese día las comunidades autónomas se exponen a que las decisiones que adopten para luchar contra la pandemia puedan ser anuladas parcial o totalmente por los tribunales de justicia, lo que impide enviar “un mensaje de tranquilidad y de seguridad jurídica” respecto a esas decisiones.