La Fiscalía de Huelva ha solicitado 164 años y tres meses de prisión para 15 personas que se enfrentan a los delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal en el juicio que se celebrará los próximos días 27 y 28 de octubre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva. Además, once de ellos han sido acusados también de un delito de contrabando.

Estas personas fueron detenidas en 2019 durante una operación en la que se llevaron a cabo registros en domicilios y lugares empleados por la red para mantener su infraestructura en las provincias de Huelva --Bollullos, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Gibraleón--, Cádiz --Algeciras-- y Sevilla --Huevar del Aljarafe--.

Asimismo, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se pide para ellos una multa que, entre todos, asciende a más de 300 millones de euros, por el delito de pertenencia a grupo criminal y en algunos de los acusados con la circunstancia agravante de reincidencia.

De este modo, la Fiscalía señala como un hecho que "desde al menos el mes de marzo de 2019, los acusados, de manera estable y continuada en el tiempo desarrollaron tareas ilícitas conjuntas con la finalidad de lograr la introducción de sustancias estupefacientes, concretamente hachís, por vía marítima en las costas españolas".

De la misma manera, el escrito detalla que los acusados se estructuraban "de una manera clara", y "con un reparto de funciones que permitía lograr su propósito delictivo común, vinculado al tráfico de drogas" y destaca a cuatro de ellos como los responsables principales de la rama operativa, de la logística marítima, y de la logística terrestre.

Igualmente, la Fiscalía considera que los acusados no se ponían de acuerdo "únicamente" para "la comisión puntual de un hecho delictivo vinculado al tráfico de drogas", sino que "esta organización dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes por las costas españolas suponía una ilegal y lucrativa fuente de ingresos, y a su vez les permitía disponer de un entramado logístico que facilitó el éxito de sus propósitos criminales".

La Fiscalía señala asimismo que dicho entramado "permitía a los acusados obtener la infraestructura necesaria para preparar las embarcaciones adecuadas para la introducción vía marítima de la sustancia estupefaciente, disponiendo para ello de medios de transporte para el traslado y ocultación de las mismas, así como para su reparación y puesta a punto".

Prosigue el escrito que "del mismo modo se nutrían de ingentes cantidades de combustible adecuadas al elevado gasto de este tipo de embarcaciones", así como que "también efectuaban numerosos viajes a Marruecos a fin de concretar los detalles del suministro constante de sustancia estupefaciente".

USO DE EMBARCACIÓN

En este punto, el Ministerio Fiscal expone que los acusado se hicieron con una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora, considerada "género prohibido" a la que "en días posteriores" se le colocaron tres motores Yamaha de 350 cv de potencia cada uno", empleando "los días siguientes en acondicionar la semirrígida a efectos del tráfico de sustancias estupefacientes planeado".

Esta embarcación se guardaba desde el 14 de marzo de 2019 en una nave de un polígono industrial de San Juan del Puerto --en la que también guardaban diverso material-- y fue botada al agua en la bahía de Algeciras (Cádiz) a las 5,30 horas de del día 10 de abril de 2019 y fue abandonada sobre las 20,30 horas del 15 de abril de 2019 en la desembocadura del Río del Castor con playa del Padrón, Málaga.

Desde la bahía de Algeciras, según señala el escrito, se realizaron numerosos viajes a Marruecos "a fin de concretar los detalles del suministro constante de sustancia estupefaciente". Uno de los cuales "se materializó en junio de 2019" con el uso de una nueva embarcación.

Finalmente, los días 10 de julio, 26 de julio, 30 de julio y 31 de julio de 2019 realizaron alijos con la nueva embarcación que transportaba la droga entre Cádiz y Huelva y que fue avistada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la huida de sus tripulantes e intervención final de un alijo de 1.800 kilos de hachís, compuesto por 60 fardos con un valor en el mercado ilícito de más de 2,8 millones de euros.

El escrito recoge que, a consecuencia de estos hechos, "con fecha 15 de octubre de 2019 se practicaron diligencias de entrada y registro en varios de los domicilios de los investigados".