Difícilmente el equipo que estaba de guardia en el centro de salud de Isla Cristina el pasado 5 de junio podrá olvidar ese día aunque al menos ahora una sentencia les permitirá pasar página. Era media mañana cuando una madre y su hija acudieron al centro médico “con gran estado de alteración” reclamando asistencia médica, protagonizando un desagradable episodio de agresión física y verbal a los cinco integrantes del equipo de guardia: dos facultativos, dos profesionales de enfermería y un celador.

Entre otras agresiones, las dos mujeres “se abalanzaron” sobre una enfermera, “llegando a propinarle varias patadas en las piernas”, además de increparla, “agarrarla del cuelo y golpearle en la cabeza”. Uno de los médicos recibió “varios golpes en las piernas”, mientras que otra enfermera y el celador “fueron igualmente agredidos”. Tras refugiarse todos en una consulta, una de las mujeres propinó una patada a la puerta, “golpeando con ella en el antebrazo” a otro médico.

Como consecuencia de este desagradable episodio, uno de los profesionales sanitarios agredidos sufrió lesiones consistentes en cervicalgia y dolor a la palpitación y movilización y otros dos fueron atendidos por ansiedad.

Un mes después de los hechos, el 8 de julio, se celebró juicio oral con sentencia de conformidad, que hace escasos días se ha notificado a las partes.

El auto del Juzgado de lo Penal uno de Huelva condena a madre e hija a un año y seis meses de prisión por un delito de atentado a funcionario público y a una multa de un mes con una cuota diaria de seis euros por un delito leve de lesiones.

La ejecución de la pena de prisión queda suspendida, pero con dos condiciones: ambas no podrán delinquir en dos años y seis meses y tampoco podrán aproximarse a menos de 200 metros a los cinco agredidos, ni a sus domicilios, lugares de trabajo u otros lugares que habitualmente frecuenten.

Reactivación de condena

Aunque la pena de prisión de ambas condenadas ha quedado en suspenso, no sería la primera  vez que se revoca esa concesión por el incumplimiento de las condiciones. De hecho, recientemente un juzgado de Huelva ha revocado la suspensión de la ejecución de una pena de seis meses de prisión a una persona por agredir a una médico en el hospital Infanta Elena en febrero de 20219. El motivo es otra sentencia condenatoria por unos hechos cometidos en septiembre de 2021, dentro de los dos años en que esta persona no podía delinquir.