Han tardado tres años, pero al final, el Ayuntamiento almonteño ha reconocido que algunas tasas municipales impuestas a los vecinos de Matalascañas son claramente discriminatorias en comparación con los residentes en el núcleo de Almonte. Sin embargo, no ha sido de ‘motus proprio’, sino a instancia del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
Así, en su resolución final insta al Consistorio a “modificar las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por licencia urbanística y de la tasa por recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos a fin de adecuar las mismas al principio de igualdad tributaria, eliminando toda diferenciación en la carga tributaria que no venga directamente relacionada con la diferente capacidad económica del sujeto pasivo”.
Del mismo modo, también pide que “se adopten cuantas medidas sean necesarias para propiciar que con la mayor brevedad posible, la carga fiscal derivada de las tasas por abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas sea igual en todos los núcleos de población que conforman el municipio de Almonte”.
Tras esta resolución, fechada en junio de este año y de la que ya se hizo eco Viva Huelva en su publicación del 19 de julio, el Ayuntamiento de Almonte ha decido acatar la recomendación del Defensor, o al menos así lo ha puesto de manifiesto en un escrito en el que asegura que “está llevando a cabo los estudios para el cumplimiento tanto de dicha adecuación a derecho, como de dar cumplimiento a las diferentes sugerencias expuestas en la resolución recibida”. De hecho, insiste en que “se están llevando a cabo los esfuerzos encaminados a regularizar dicha situación, con la intención de proponer su modificación, a ser posible, en el presente ejercicio, al plenario municipal, en quien recae dicha competencia”.
Esto es el fin de una batalla iniciada en 2009 por la Asociación de Propietarios de Matalascañas, cuyo presidente, Juan Gómez, aseguraba este lunes en rueda de prensa que es un “triunfo”, ya que “aunque sabemos que no tiene valor jurídico, si tiene valor moral, y puede servir de ejemplo para otros municipios costeros, también discriminados”.
Así, recordó que los vecinos de Matalascañas paga un 45% más que los de Almonte por la recogida de residuos sólidos urbanos, y un 30% en materia de licencias urbanísticas, y por contra, aunque el núcleo costero aporta el 65% de los ingresos de la recaudación municipal, solo recibe el 30% en gastos municipales, según los datos de los Presupuestos de 2012.
Por ello, el vicepresidente de la asociación, Miguel Jurado, lamentó que “cobran de más y prestan un peor servicio, muy deficitario, con el fin de engrosar las arcas municipales, algo que según la legislación vigente está prohibido”.
Aunque el Ayuntamiento ha mostrado al Defensor del Pueblo Andaluz su “manifiesta voluntad de aceptar y dar cumplimiento” a la resolución, los vecinos de Matalascañas no lo tienen tan claro, y más ante los temores de que se prorroguen los Presupuestos de 2012, con sus correspondientes tasas. De llegar a ese punto de incumplimiento, “tendremos que llevar el tema a la Fiscalía”.
“Excusa mala”
De otro lado, Jurado se refirió también al estado de la depuradora de aguas de Matalascañas e indicó que hace pocos días recibieron, después de seis meses, la contestación del Ministerio de Medio Ambiente por la desaparición de los Presupuestos Generales del Estado de la partida consignada desde 2008 para el arreglo de la depuradora o la construcción de una nueva.
En este escrito, el ministerio reconoce que “la depurada no reúne las condiciones necesarias de tratamiento biológico que marca la UE, pero que las competencias de saneamiento y depuración de aguas corresponden a la Junta y el Ayuntamiento, y que además, el problema es que para hacer una depuradora nueva, habría que parar la vieja y estar dos años sin depurar”. Para la asociación, esta respuesta es una “excusa mala que demuestra la falta de interés por Matalascañas y, lo que es peor, por Doñana”.
