El juez del Juzgado de lo Penal número uno de Huelva ha absuelto al exalcalde socialista de Cartaya Juan Antonio Millán, a su teniente de alcalde Miguel Novoa, así como a la mujer de éste, a un arquitecto y al administrador de la empresa Hiconsa al considerar que el convenio urbanístico acordado con la empresa es "legal, era procedente, y la selección de esta empresa no fue arbitraria".
Según señala la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la tasación del terreno "cumple los requisitos legales" y está "ajustada" a los precios de mercado del momento, frente a la tasación presentada por la acusación que se valora como "irreal".
Por todo ello, se condena a pagar las costas procesales a la acusación popular y particular, dado que se ha constatado "la creación artificial" de la prueba aportada por la acusación, y por consiguiente la utilización del proceso penal.
En definitiva, considera que las pruebas practicadas en el acto del juicio oral han puesto en evidencia que los acusadores han hecho una utilización "indebida y abusiva del proceso penal" para el ejercicio de unas pretensiones "carentes de cualquier corroboración probatoria".
Asimismo, la sentencia indica que las licencias que se concedieron a la mujer del concejal de Urbanismo están dentro de la legalidad y no fue una concesión arbitraria.
Además, en la sentencia se mantiene que Cartaya no sufrió un perjuicio económico por la venta de los terrenos y que los acusados no obtuvieron beneficio económico de ello.
El juez destaca también el hecho de que en todo este procedimiento municipal intervinieron "de forma activa y decisiva" algunos de los que hoy integran la acusación popular y particular.
Este caso se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA de Cartaya, que están personados como acusación popular, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.
En abril de 2011 este caso fue archivado, no obstante meses después la Audiencia Provincial de Huelva decidió reabrirlo al considerar que lo instruido era "insuficiente" para archivar el caso, ya que a su parecer faltaban "indagaciones de interés".
Finalmente, la sentencia, que no es firme y contra la que cabe la presentación de recurso de apelación en el plazo de diez días, recuerda que ha quedado acreditado que el convenio urbanístico es un convenio que se firmó en el año 2005, en cuya aprobación "participaron y votaron a favor quienes, cuatro años después, en base a una tasación carente de toda credibilidad, construyen una acusación de naturaleza penal, obviando la vía administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa y los principios básicos del derecho penal, con motivos espurios y pretensiones que trascienden más allá de este concreto proceso judicial".
Hay que recordar que el juzgado de lo Penal número 1 de Huelva acogió el pasado mes de mayo el juicio oral contra los acusados del caso Hiconsa por una posible corrupción urbanística.
Así, han sido absueltos el exalcalde socialista de Cartaya Juan Antonio Millán y su teniente de alcalde Miguel Novoa, así como la mujer de éste, un arquitecto y el administrador de la empresa Hiconsa, acusados por un delito de prevaricación, otro continuado contra la ordenación del territorio y otro de tráfico de influencias.
Valoración
El ex alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, que ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por una operación urbanística, ha mostrado su satisfacción con una sentencia que cree "ejemplarizante".
En declaraciones a Efe, tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva por el denominado caso Hiconsa, ha precisado que ésta "pone las cosas en su sitio" y, ha destacado que condena a los denunciantes en costas, algo que es "muy importante".
Ha lamentado que le hayan tenido "seis años sometido a un suplicio, a una persecución y a un acoso", un tiempo en el que ha habido "mucho dolor y sufrimiento", no a él, que como dirigente político entiende a "aguantar" este tipo de situaciones, sino a su familia, a su entorno, a sus amigos.
"Lo que esta sentencia reconoce es mi inocencia y me siento satisfecho de que se proclame algo que el fiscal vio desde el primer momento", ha apuntado Millán.
Asimismo ha destacado que se ha constatado que todo ha sido "un montaje político" y la sentencia pone de manifiesto que "este tipo de montajes políticos para destruir por vía judicial al que no puedes hacerlo en las urnas cuesta dinero, la condena en costas es ejemplarizante".
Millán ha dejado claro que los denunciantes -el Ayuntamiento de Cartaya, por un lado, y representantes de los grupos políticos de la oposición cuando se sucedieron los hechos- "nunca aportaron prueba alguna, basaron su denuncia en una tasación que marcaba una diferencia con la que ellos encargaron y decían que se habían escamoteado 3 millones", algo que durante el juicio se demostró que no fue así.
La sentencia considera que el convenio urbanístico que se acordó con la empresa Hiconsa fue "legal y procedente" y que "la selección de esta empresa no fue arbitraria".
Además, indica que la tasación del terreno cumple los requisitos legales y esta ajustada a los precios de mercado del momento, frente a la tasación presentada por la acusación que se valora como irreal.
